La diputada Natalia Rodríguez explicó que en la propuesta “se ha privilegiado la claridad de las normas, los derechos y deberes de los colegiados y su integración al ámbito natural de quienes ejercen una misma profesión”.

Si luego el dictamen es convertido en ley, se modificarían y eliminarían temas redundantes o contemplados en normas de mayor jerarquía, referencias a expresiones de difícil comprensión e interpretación y artículos que han perdido vigencia.

Para el caso particular de la cancelación o suspensión de la matrícula por parte de la Comisión Directiva o el Tribunal de ética, se admitiría una apelación ante el Superior Tribunal de Justicia, como sucede en otros colegios, y no ante el Ministerio de Gobierno, lo que significa el eventual agotamiento de la vía administrativa y el posterior proceso contencioso administrativo.

También se reglamentarían con mayor detalle temas relacionados con las asambleas y la elección de autoridades para aportar claridad a la interpretación y aplicación de la normativa, así como también respecto del número de los integrantes de la comisión directiva central y de las comisiones zonales.

La intención es “aportar al mejor funcionamiento del Colegio, así como también a la revalorización del profesional arquitecto, reafirmando sus incumbencias profesionales específicas”, argumentó Rodríguez.