El objetivo es que tanto hombres como mujeres que obtengan la guarda judicial de un menor con fines de adopción, gozará de licencia por maternidad o paternidad adoptiva de un período mínimo de 120 días corridos.
Diputados dio aprobó a la iniciativa que promueve la sustitución del artículo 5° de la Ley Nº 8.006 el cual regula las licencias por Maternidad y Paternidad para el personal de la Administración pública, con el objetivo de que tanto hombres como mujeres, cualquiera fuera su estado civil, que obtenga la guarda judicial de un menor con fines de adopción, gozará de licencia por maternidad o paternidad adoptiva de un período mínimo de 120 días corridos a partir del día hábil siguiente al de la presentación del certificado de guarda con fines de adopción o testimonio de sentencia firme que la acuerda.
Cabe destacar que actualmente, esta ley otorga a las mujeres y a los hombres viudos, divorciados o solteros el derecho a una licencia por adopción de 120 días. Sin embargo, excluye a los varones casados bajo similares circunstancias, lo que se considera una postura discriminatoria y anacrónica, por lo que mediante esta modificación se busca equiparar los derechos y reconocer el papel fundamental del padre en la crianza y formación del vínculo familiar.
La diputada Mónica Juárez, autora de la iniciativa, explicó que con la misma se refuerza la idea de que tanto madres como padres deben disfrutar de un periodo similar de licencia cuando se produce una adopción, independientemente del estado civil. Así también, remarcó que esta igualdad es esencial para fomentar una convivencia armónica dentro del núcleo familiar desde sus inicios y asegurar un correcto desarrollo emocional para los niños, resaltando que el tiempo dedicado por ambos padres es crucial para establecer un vínculo fuerte durante los momentos críticos después de la llegada del menor al hogar.
En este sentido, la legisladora manifestó que al ampliar las licencias por adopción a los varones casados, se pretende no solo corregir una injusticia legal sino también contribuir al bienestar general del niño, alineándose con principios reconocidos internacionalmente sobre el interés superior del niño y su derecho a crecer en un entorno familiar estable y afectivo.
El proyecto de ley fue aprobado por unanimidad, y pasó al Senado en revisión.
