Jueves, 02 de Mayo 2024

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Adhesión a la Ley Nacional sobre plan de reducción de pérdidas y desperdicio de alimentos

Diputados aprobó y convirtió en Ley el proyecto que establece la adhesión de la Provincia de Salta a la Ley Nacional N° 27.454 que crea el Plan Nacional de Reducción de Pérdidas y Desperdicio de Alimentos. 

En la decimocuarta Sesión Ordinaria del Cuerpo se aprobaron dos proyectos de Ley, cuatro proyectos de Declaración, más un paquete de 22 proyectos de Declaración y Resolución, y una serie de pedidos de informes.

La sesión que se desarrolló de manera no presencial - remota, estuvo presidida por el titular de la Cámara Baja, Esteban Amat Lacroix, acompañado del vicepresidente primero Ignacio Jarsún Lamónaca. Además estuvieron presentes el secretario Legislativo, Raúl Romeo Medina, el prosecretario Legislativo, Pedro Mellado, el secretario Administrativo, Gastón Galindez, y la prosecretaria Administrativa, Margarita Vega.

ES LEY LA ADHESIÓN DE LA PROVINCIA A LA LEY NACIONAL SOBRE PLAN NACIONAL DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS Y DESPERDICIO DE ALIMENTOS

Diputados sancionó y convirtió en Ley el proyecto que establece la adhesión de la Provincia de Salta a la Ley Nacional N° 27.454 que crea el Plan Nacional de Reducción de Pérdidas y Desperdicio de Alimentos.

En su articulado, la normativa crea el Registro de Instituciones de Bien Público Receptoras de Alimentos, en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Salta, en el cual deberán inscribirse las instituciones públicas o privadas, legalmente constituidas y que cumplan con controles sanitarios previstos en el Código Alimentario Argentino.

Así también, se invita a los Municipios a participar e implementar las políticas públicas para el fomento, desarrollo y promoción de la reducción de pérdidas y desperdicio de alimentos, a través de las acciones locales tendientes a ese fin.

Cabe destacar que este proyecto es acumulado de las iniciativas impulsadas por la diputada María del Socorro López; de la diputada Silvia Varg y los diputados (MC) Guillermo Martinelli y Bettina Romero; y el del senador José Ibarra, respectivamente.

Una de las autoras del proyecto, la diputada María del Socorro López, explicó que esta Ley genera mejores condiciones para aquellas personas que se encuentran económicamente vulnerables, brindándoles una herramienta que garantice sus derechos y el acceso a la seguridad alimentaria.

Así también la legisladora hizo hincapié en la importancia de fomentar la sensibilización de las perdidas alimenticias, como así también, del consumo responsable para evitar que alimentos en buen estado se desperdicien ante la difícil situación que se está viviendo en el país.

“Según estadísticas, 16 millones de toneladas de alimentos por año son desperdiciadas, a la vez que el 12,5% de la producción agroalimentaria tiene pérdidas alimentarias en alguno de los ciclos de producción”, señaló la diputada.

Por otro lado, la legisladora precisó que la modificación propuesta por el Senado prevé la incorporación de un registro de instituciones de bien público para la recepción de estos alimentos, y la invitación a los municipios a sumarse al programa.

En tanto, el diputado Santiago Godoy manifestó que esta iniciativa es un importante paso para trabajar por el bien de las personas que están en una situación vulnerable, el cual busca reducir la pérdida de alimentos durante la cadena de producción. Además, el legislador ponderó la propuesta que recibiera media sanción del Cuerpo, proponiendo insistir con la misma para lograr una mejor ley. Al respecto, la diputada Silvia Varg expresó que la decisión de aceptar las modificaciones del Senado es para agilizar el proceso y los tiempos para su aplicación, argumentando que la gente en situación vulnerable no puede seguir esperando.

A su turno, el diputado Matías Monteagudo manifestó que en el país y el norte de la provincia se está transitando una difícil situación, por lo cual es muy importante trabajar en este tipo de normativas.

El proyecto fue aprobado por mayoría con 43 votos positivos y 1 negativo, y pasó al Poder Ejecutivo para su reglamentación.

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