Se anticipó que habrá otra reunión informativa sobre el mismo proyecto el 26 de este mes, con la participación de representantes de la Defensa Pública, del Ministerio Público Fiscal Federal, de la Cámara Federal de Apelaciones y la Universidad.
Con la participación de especialistas, funcionarios judiciales de Chubut y de otras provincias, y diputados de distintos bloques, la Legislatura, a través de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia, llevó a cabo la primera reunión informativa sobre el proyecto de ley 71/25, presentado por el Poder Ejecutivo. La iniciativa busca regular el uso de nuevas herramientas tecnológicas para investigar, prevenir y combatir los delitos complejos y la ciberdelincuencia.
El encuentro se desarrolló en la Sala de Plenarios “Dr. Jorge Eduardo Aubía” y fue transmitido en vivo a través del canal de YouTube de la Legislatura. La sesión estuvo encabezada por la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia, María Andrea Aguilera, y por el procurador general, Jorge Miquelarena, con la presencia de la vicepresidenta segunda de la Legislatura, Tatiana Goic.
Decisión política y metodología participativa
“Al igual que hemos hecho con el Código Electoral, la Ley de Adultos Mayores y la reforma del Código Procesal Penal, consideramos fundamental llevar adelante este tipo de reuniones informativas, siguiendo la decisión política del gobernador y del vicegobernador”, destacó Aguilera.
La legisladora subrayó que esta metodología permite a los diputados comprender, a través de quienes trabajan directamente en estos temas, los alcances de los proyectos, al tiempo que ofrece a la ciudadanía la oportunidad de conocer cómo se tratan las leyes y plantear consultas sobre iniciativas en proceso de análisis.
El proyecto, explicó Aguilera, fue trabajado por el Ministerio Público Fiscal en colaboración con el Poder Ejecutivo, y habilita la utilización de nuevas tecnologías y herramientas digitales en la investigación de delitos graves y ciberdelitos. “Será un paso importante y necesario, porque el delito evoluciona conforme lo hace la sociedad, y su abordaje requiere de la misma tecnología que lo origina”, agregó.
Próximos encuentros y expositores
Se anticipó que habrá otra reunión informativa sobre el mismo proyecto el 26 de este mes, con la participación de representantes de la Defensa Pública, del Ministerio Público Fiscal Federal, de la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia y de la Universidad.
En la reunión de este martes expusieron: el procurador general Jorge Miquelarena; los procuradores generales adjuntos Marcos Fink y Matías Froment; el fiscal jefe de la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen y Evidencia Digital, Fernando Rivarola; Daniela Dupuy, fiscal de la Unidad del Ciberdelito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y Franco Pilnik, fiscal de la Unidad del Ciberdelito del Ministerio Público Fiscal de Córdoba (vía online). También participaron Eugenia Domínguez, fiscal general de la Unidad de Ciberdelitos del Ministerio Público Fiscal del Chubut, y Cristian Olazábal, fiscal jefe en Comodoro Rivadavia del mismo organismo.
Normativa específica para ciberdelitos
El procurador Miquelarena recordó que el Código Procesal Penal vigente data de 2006 y fue concebido antes de la expansión de la digitalización. “Estamos hablando hoy de ciberdelitos y evidencia digital con un Código que tiene más de 20 años. Esta revolución digital no estaba prevista en su momento”, señaló.
Tras explicar que la reforma del Código Procesal Penal del año pasado decidió abordar esta temática mediante legislación específica, el procurador afirmó: “La evidencia digital es central en la mayoría de las investigaciones penales actuales. Nuestro Código carece de normativa específica para regularla, lo que genera problemas probatorios y obstáculos en el trabajo del Ministerio Público Fiscal”.
Miquelarena concluyó que el proyecto de ley reconoce la transformación digital de la sociedad, en la que la mayoría de las interacciones sociales, laborales, comerciales e incluso delictivas ocurren en entornos digitales, generando datos que se convierten en evidencia fundamental para la investigación penal.
