Con 23 votos a favor y el pronunciamiento de la Silla Vacía, representando a la ciudadanía organizada, fue aprobada la ordenanza de Infraestructura Verde Azul. El texto es de carácter ambiental y regula aspectos relacionados con la conservación.
El objetivo de esta normativa metropolitana es gestionar el territorio de manera integral, a fin de mantener el abastecimiento de servicios ambientales, reducir el riesgo de desastres de origen natural y antrópico, así como fortalecer la resiliencia ambiental y social frente a los efectos del cambio climático, conservación de la biodiversidad, fenómenos hidrometeorológicos y movimientos de masa en el Distrito Metropolitano.
Al mismo tiempo, mantiene y aprovecha los servicios ecosistémicos relacionados con la salud, recreación, la economía verde azul de manera dinámica y adaptativa.
La aprobación de esta ordenanza marca un antes y un después en la ciudad, genera la responsabilidad de un ente rector, presupuesto, definición de mucha importancia con respecto a las quebradas, cuencas y fuentes hídricas.
Pabel Muñoz, alcalde Metropolitano, solicitó a la Secretaría de Ambiente que desarrollara la hoja de ruta para cumplir con la construcción de los diferentes planos y subrayó que “Quito cuenta con una buena y nueva ordenanza que deberá ser implementada lo antes posible”.
Diana Cruz, presidenta de la Comisión de Ambiente, señaló que el trabajo arduo, multisectorial y multinivel permitió la construcción de esta ordenanza que además contó con el apoyo de la sociedad civil.
Santiago Sandoval, secretario de Ambiente, manifestó que a partir de hoy se marca un hito muy importante en el camino de reflorecer la ciudad. Representa articulación, coordinación institucional, participación ciudadana y un ecosistema equilibrado.
Antecedentes
Esta normativa ambiental tiene como base la sentencia emitida por la Corte Constitucional Nro. 2167-21-EP/22, el 19 de enero de 2022.
La sentencia mencionará plazos de las acciones de corto y mediano plazo que deben ser desarrolladas por varias entidades del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, en función de los problemas de erosión y debilitamiento de taludes ocurridos en el cauce del río Monjas.
Como resultado de la sentencia mencionada, la Corte Constitucional dispuso tres medidas de reparación encaminadas a la rehabilitación y no repetición de los sucesos: la ejecución de obras tendientes a estabilizar el cauce del río en el tramo la Esperanza y proteger la casa Hacienda Patrimonial; la definición y ejecución de una política pública, que se materialice en la elaboración de un plan complementario del río Monjas, que debe contemplar medidas a corto, mediano y largo plazo; y, la expedición de una ordenanza 'verde-azul'.
