El proyecto de declaración, autoría de la diputada Gladys Paredes, fue aprobado por unanimidad. La ley nacional Nº 25.673 tiene como objetivos reducir mortalidad materno-infantil, prevenir embarazos no deseados, entre otros.
La Cámara Baja salteña aprobó un proyecto de declaración por el cual se solicita al Poder Ejecutivo Provincial y los legisladores nacionales por Salta realizar gestiones ante la Secretaría de Salud de la Nación para garantizar el funcionamiento efectivo del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, amparado por la Ley Nacional Nº 25.673, que es fundamental para la prevención de enfermedades de transmisión sexual, incluido el VIH.
La diputada Gladys Paredes, autora del proyecto, subrayó la urgencia del cumplimiento de la Ley Nacional Nº 25.673, afirmando que esta normativa garantiza el acceso a información y servicios en salud sexual y reproductiva, vitales para proteger los derechos de los pacientes. Sin embargo, advirtió que su falta de implementación pone en riesgo la salud pública.
La legisladora destacó que las fallas en la aplicación adecuada del programa generan situaciones críticas en el sistema sanitario. En este sentido, mencionó cómo los recortes presupuestarios han afectado gravemente tanto a hospitales como a programas de salud cruciales, subrayando que un enfoque adecuado debería centrarse en prevención primaria y secundaria para contener enfermedades transmisibles.
Paredes también hizo hincapié en el alarmante aumento de casos nuevos de VIH y otras infecciones, expresando que es fundamental devolver la atención hacia las campañas preventivas que anteriormente se realizaban a nivel comunitario para evitar diagnósticos tardíos y reducir la propagación del virus.
A su turno, el diputado Juan José Esteban respaldó plenamente al proyecto resaltando que "la salud sexual no es un lujo" sino un derecho humano básico, destacando la creciente preocupación por el deterioro del acceso a servicios sanitarios esenciales en Salta. Además, advirtió sobre los recortes drásticos dentro del sector salud y cómo estos han impactado directamente en colectivos vulnerables como adolescentes y personas con discapacidad.
El legislador presentó datos preocupantes sobre el incremento de diagnósticos nuevos: 303 casos de VIH hasta septiembre del año pasado y una notoria alza en sífilis congénita entre mujeres embarazadas. Así también, resaltó que esta situación exige respuestas inmediatas y contundentes por parte del Estado para atender adecuadamente estas problemáticas. Según su análisis, los sectores más vulnerables con mayores dificultades son quienes terminan pagando las consecuencias más duras.
Por su parte, la diputada Griselda Galleguillos enfatizó que abordar temas como salud sexual requiere un compromiso integral desde distintos niveles estatales: nacional, provincial y municipal. Considera vital complementar el acceso a preservativos con educación sexual integral.
La legisladora argumentó sobre lo esencial de desmitificar estos temas dentro de la comunidad e instar a una mayor concientización sobre prácticas responsables. Además, mencionó lo importante de involucrar no solo al estado sino también a medios e instituciones educativas para promover hábitos saludables frente al aumento registrado en abortos e infecciones prevenibles causando un impacto significativo en toda población socialmente vulnerable.
Por otro lado, el diputado Santiago Vargas expresó su apoyo a la iniciativa, manifestando su inquietud respecto al aumento sostenido en las enfermedades transmisibles evidenciado también desde su laboratorio. En este sentido, indicó que es crucial atender no sólo los problemas desde una perspectiva gubernamental sino también entender las prácticas sexuales actuales entre jóvenes.
El legislador instó a revisar qué cambios sociales están influyendo ya que alteran la forma en que se perciben estas enfermedades.
El proyecto de declaración, autoría de la diputada Gladys Paredes, fue aprobado por unanimidad.
Ley Nacional Nº 25.673
Esta normativa establece el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable con objetivos claros: reducir mortalidad materno-infantil; prevenir embarazos no deseados; garantizar atención integral en salud reproductiva; ofrecer métodos anticonceptivos gratuitos; y fomentar capacidades profesionales para implementar adecuadamente estas políticas sanitarias inclusive abordando específicamente VIH/SIDA entre otros aspectos vinculantes dentro marco integral promoción derechos humanos.
Fuente: Prensa Cámara de Diputados de la provincia de Salta