Propone el establecimiento de un sistema de infraestructura Verde-Azul con el fin de gestionar íntegramente el territorio, a fin de mantener el abastecimiento de servicios ambientales y conservación de la biodiversidad, entre otros objetivos.
Para la construcción de esta ordenanza se contó con la activa participación de la Secretaría de Ambiente, enter rector de las políticas ambientales, la Empresa Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento, la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas, la Gerencia de Administración de Parques y Espacios Públicos, la Secretaría General de Seguridad y Gobernabilidad, la Secretaría General de Coordinación Territorial y Participación Social, el Fondo para la Protección del Agua de Quito, la Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda, y, además, contó con la participación de asesores en materia normativa, de riesgos y otros expertos técnicos.
La ordenanza propone el establecimiento de un sistema de infraestructura Verde-Azul con el objetivo de gestionar íntegramente el territorio, a fin de mantener el abastecimiento de servicios ambientales, reducir el riesgo de desastres de origen natural y antrópico y fortalecer la resiliencia ambiental y social frente a los efectos del cambio climático, conservación de la biodiversidad, fenómenos hidrometeorológicos y movimientos en masa. Al mismo tiempo que mantiene y aprovecha los servicios ecosistémicos relacionados con la salud, la recreación, la economía verde azul del Distrito Metropolitano de Quito, de manera dinámica y adaptativa.
Incluye siete capítulos con 81 artículos y define el marco regulatorio y los lineamientos para la gestión integral de los componentes de la infraestructura, a través, del establecimiento del Sistema de Infraestructura Verde-Azul.
El marco normativo deberá valorar, respetar, proteger y restaurar la naturaleza ‘verde’ y la conservación y restauración de las fuentes; uso eficiente y saneamiento del agua y sus ecosistemas ‘azul’, esto porque la responsabilidad de la reparación integral de la cuenca del río Monjas es del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, dependencia encargada de responder y garantizar el cumplimiento de esta sentencia, así como de coordinar con las demás instancias municipales.
Mauricio Marín, secretario de Territorio dijo que “esta ordenanza tiene que ser vista como una ordenanza de ciudad. Tiene un enfoque ambiental sí, pero que nos sirve a todos para planificar. Yo creo que en este momento es muy pertinente su discusión”.
Verónica Pasquel, representante a la Silla Vacía del Colectivo de Rescate del río San Pedro, señaló que la ordenanza no solamente está a favor de la naturaleza sino de los ciudadanos. “La ordenanza Verde-Azul está propuesta para tener una no repetición de la vulneración de los derechos. Es preventiva, que no nos vuelva a pasar a ningún otro espacio en Quito y que se repare lo que se afectó en la zona del Río Monjas y en otras zonas”. Sostuvo que la aceptación de esta normativa de derivar en acciones y no quede en papel “debe contar con el respaldo político y presupuestario”.
Antecedentes
Esta normativa ambiental tiene como base la sentencia emitida por la Corte Constitucional Nro. 2167-21-EP/22, el 19 de enero de 2022. La mencionada sentencia determinó las acciones de corto y mediano plazo que deben ser desarrolladas a cargo de varias entidades del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, en función de los problemas de erosión y debilitamiento de taludes ocurridos en el cauce del río Monjas.
Resultado de la sentencia mencionada, la Corte Constitucional dispuso tres de reparación, encaminadas a la rehabilitación y no repetición de los sucesos: la ejecución de obras tendientes a estabilizar el cauce del río en el tramo la Esperanza y proteger la casa Hacienda Patrimonial; la definición y ejecución de una política pública, que se materialice en la elaboración de un plan complementario del río Monjas, que debe contemplar medidas a corto, mediano y largo plazo; y, la expedición de una ordenanza 'verde-azul'.
