La iniciativa aprueba la renovación del Plan Metropolitano de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (Pmdot) y la aprobación del Plan de Uso y Gestión del Suelo (PUGS).
Luego del primer debate, en el que los ediles realizaron observaciones y aportes, el alcalde de Quito, Santiago Guarderas, dio por conocida la iniciativa legislativa.
Mónica Sandoval, presidenta de la Comisión de Uso de Suelo, destaca que, a partir de la vigencia de la Ordenanza Pmdot-PUGS-001-2021, “se verificaron varias inconsistencias, en la clasificación del suelo, en los estándares de edificación, en las asignaciones de zonificación y existen decenas de requisitos de ciudadanos que se sienten afectados, lo que frena la inversión en la construcción que esta ciudad necesita”.
“Por norma, la Asamblea emitió una ley reformatoria que nos llevó, a su vez, a los GAD municipales tener esta suerte de modificaciones al Pmdot-PUGS y que es muy importante para corregir estas inconsistencias que existían”, acotó.
Como ejemplo, expuso el caso de la Comuna de San Miguel del Común que está catalogada como zona urbana, lo cual significa un incremento significativo en los impuestos prediales, pero son una comuna que no se puede dividir, los comuneros tienen una protección del Seguro Campesino y no pueden aplicar porque el Municipio les cambia a suelo urbano. Distorsiones que “ninguna es de mala fe” se quieren corregir con el proyecto, en el texto normativo como en los anexos y los planos que forman parte del PUGS, dijo.
De su parte, Mauricio Marín, Secretario de Territorio, Hábitat y Vivienda, hizo una explicación más amplia del PUGS para entender lo que se trata la reforma: El PUGS se llevó a cabo en el 2021; en 2022 hubo una propuesta de alineación con el Pmdot; después se aprueba la Ordenanza N. 044-2022 y recién ahí pudo entrar en vigencia el PUGS, en diciembre del 2022; posterior hay una reforma la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial Uso y Gestión del Suelo (Lootugs), en la que se reforman los plazos y se permite que los municipios puedan trabajar o hacer alcances a los PUG, es por esta razón que se hace este debate , es una disposición de ley nacional.Después de eso se trabajó con la Comisión de uso de Suelo y esta, el 30 de diciembre emitió el informe favorable para pasar a primer debate.
En enero, la Secretaría de Territorio Hábitat y Vivienda organizó mesas para que diferentes actores sociales, para que la ciudadanía conozca la propuesta. Añadió el Secretario: Quito tiene un grave problema de expansión urbana y de protección de zonas ecológicas. “El suelo es el recurso más valioso que tiene la ciudad, por tanto tiene que ser protegido, en 50 años se acaba el suelo, Quito no tiene a donde más crecer, lo cual es preocupante”.
Entre las reformas están: el cambio de forma en la redacción de los articulados; ajustes cartográficos; normatividad en los equipamientos; actualización de trámites administrativos; restricciones en las zonas de susceptibilidad por la amenaza del Cotopaxi; reglamentariamente en predios donde se ubican los Proyectos Urbano Arquitectónico Especial (PUAE); modificaciones en los límites y cantidad de Planes Urbanísticos Complementarios (PUC) y Unidades de Actualización Urbanística (UAU).
Categorización vial; definición en condiciones de establecimiento general de actividades fuera de las Zonas Especiales Turísticas; se incluyen mapas de los asentamientos humanos de hecho; cambio en la forma de calcular el índice de revalorización del suelo; menor afectación a las quebradas por construcción de edificaciones; estándares urbanísticos para mejorar el espacio público, entre otras.
Los cambios son para asegurar la inclusión de la participación colectiva en los beneficios generados por el desarrollo urbano, la protección del patrimonio natural y cultural, atendiendo a las disposiciones de la normativa nacional en materia de riesgos y protección de quebradas, así como definición en las coberturas y cartografía para una mayor precisión, en procura de la disminución de los márgenes de error.
Andrés Vallejo, del Barrio La Floresta, intervino como parte de la 'silla vacía', mecanismo de participación al que se acreditan representantes de la ciudadanía, en función de los temas a tratar.
