Se prohíbe al Poder Ejecutivo provincial, ministerios, secretarías, organismos descentralizados, entes autárquicos, empresas y sociedades del Estado otorgar subsidios, donaciones, créditos, préstamos, asistencias financieras, auspicios a quienes incurran.
La Cámara de Diputados de la Provincia de Corrientes sancionó una ley que establece límites explícitos al Poder Ejecutivo provincial para el otorgamiento de subsidios, donaciones, créditos, auspicios o convenios con instituciones, asociaciones civiles y organizaciones que realicen homenajes, conmemoraciones, reivindicaciones o apologías de personas condenadas por delitos de lesa humanidad, graves violaciones a los derechos humanos o incitación al odio.
La iniciativa, impulsada por el bloque de la Unión Cívica Radical, tiene como objetivo prevenir la ponderación y banalización del terrorismo de Estado, además de fortalecer la protección y promoción de los derechos humanos. En ese sentido, la normativa busca garantizar que el Estado provincial no se convierta, “por acción u omisión”, en soporte económico o simbólico de prácticas consideradas ofensivas para la moralidad y el orden público.
La ley prohíbe al Poder Ejecutivo provincial, ministerios, secretarías, organismos descentralizados, entes autárquicos, empresas y sociedades del Estado otorgar subsidios, donaciones, créditos, préstamos, asistencias financieras, auspicios, avales, patrocinios, apoyos institucionales y convenios de cooperación a entidades que incurran en las conductas previstas en la norma.
Durante la misma sesión legislativa también obtuvo media sanción un proyecto presentado por la diputada Ana Almirón que establece la incorporación obligatoria de la leyenda “2026 – 50° aniversario del último Golpe de Estado en Argentina. Nunca Más.” en el encabezado de toda documentación y diligencia administrativa, tanto en formato papel como digital, del Estado provincial.
