Empresas públicas metropolitanas y entidades adscritas deberán considerar en la reforma presupuestaria los recursos financieros suficientes que permitan solventar las obligaciones correspondientes a 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022.
En sesión ordinaria N° 232 se aprobó con 20 votos la ordenanza interpretativa que contiene las normas sobre la pensión mensual de jubilación patronal del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito.
En el ejercicio fiscal 2022 del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, de las empresas públicas metropolitanas y las entidades adscritas, deberán considerar en la reforma presupuestaria los recursos financieros suficientes, que permitan solventar las obligaciones correspondientes a los años 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022.
Además, establece en el 45% del Salario Básico Unificado del trabajador privado, la pensión jubilar patronal a favor de los trabajadores que prestan o prestaron sus servicios lícitos y personales en el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, por más de 25 años amparados por el Código del Trabajo.
En las disposiciones de los artículos 73,74,75,76 y 77, del Libro I.2, título II de la Pensión Mensual de Jubilación Patronal del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, de la Ordenanza Metropolitana No. 001, del Código Municipal, cuando se refiere al Municipio, se interpreta y se entiende que incluye también a las empresas públicas metropolitanas y a las entidades adscritas; y, cuando se refiere a la Dirección Metropolitana de Recursos Humanos y a la Dirección Metropolitana Financiera, se interpreta y entiende que incluye a quien hiciera sus veces, en sus respectivas empresas públicas metropolitanas y entidades adscritas.
Segundo Valencia, delegado de los trabajadores ante la Silla Vacía, indicó que algunos trabajadores de Emaseo, Rastro y Epmmop no recibieron el pago todavía y espera que con esta ordenanza se cumpla desde este mes de julio. En algunas empresas si tenían dinero, sin embargo, por la interpretación de la ordenanza se interrumpió los trámites y pedidos. “Llevan 4 años esperando esta situación para que puedan atender, por ejemplo, la adquisición de medicinas”, añadió Valencia.
