En la decimonovena Sesión Ordinaria del Cuerpo se aprobaron dos proyectos de Ley, cuatro proyectos de Declaración, más un paquete de 28 proyectos de Declaración y Resolución, y una serie de pedidos de informes.

La sesión que se desarrolló de manera presencial, con estrictos protocolos sanitarios en virtud de la pandemia, estuvo presidida por el titular de la Cámara Baja, Esteban Amat Lacroix, acompañado del vicepresidente primero Ignacio Jarsún Lamónaca y la vicepresidenta segunda Alejandra Navarro. Además estuvieron presentes el secretario Legislativo, Raúl Romeo Medina, el prosecretario Legislativo, Pedro Mellado, el secretario Administrativo, Gastón Galindez, y la prosecretaria Administrativa, Margarita Vega.

Durante la sesión, el Cuerpo aprobó la renuncia presentada por el diputado por el Departamento Capital, Javier Diez Villa, en el marco de lo dispuesto por los artículos 95 tercer párrafo, y 125 último párrafo de la Constitución Provincial.

Prórroga de la Ley 7.658 que evitará desalojos

Diputados dieron media sanción al proyecto que modifica el artículo 9° de esta Ley, suspendiendo por dos años a partir del 31 de diciembre de 2021, las ejecuciones de sentencias, de medidas cautelares y demás actuaciones o disposiciones judiciales, cuyo objeto sea el desalojo, desocupación o modificación de la situación de hecho de tierras poseídas por familias rurales y pequeños productores agropecuarios que se encuentren en los casos previstos en los arts. 1.898 o 1.899 del Código Civil y Comercial."

Asimismo, el proyecto dispone la inclusión a la partida especial del Presupuesto General de la Provincia para el ejercicio 2022, de la realización de un registro, relevamiento y asesoramiento de los pequeños productores agropecuarios y familias que habitan en zonas rurales de la provincia de Salta.

En este sentido, el diputado Jesús Villa, autor del proyecto, explicó que la Ley tiene 11 años desde su promulgación, habiendo sido prorrogada en reiteradas oportunidades, y señaló que los titulares registrales, en su mayoría foráneos, ante la gran rentabilidad de negocios agropecuarios, empezaron a reclamar las tierras desconociendo a los antiguos ocupantes, por lo que los pedidos de desalojos de estas familias rurales se convirtieron en una problemática que afecta a todo el tejido social de los departamentos del interior.

En el debate, los diputados plantearon situaciones de los distintos departamentos, y coincidieron en la urgencia de prorrogar esta Ley, para evitar lo posibles desalojos de las familias y generaciones de trabajadores que habitan esas tierras desde hace décadas. En este sentido, los legisladores sostuvieron que se debe avanzar en el abordaje integral de la problemática para darle una solución definitiva y así llevar tranquilidad a todas esas personas. Por otra parte, consideraron oportuno y acertado contemplar en el presupuesto un relevamiento técnico, jurídico y catastral que permita revelar el estado en el que se encuentran.

El proyecto fue aprobado por unanimidad y pasó al Senado en revisión.