La nueva iniciativa deroga la Ley 6.709 de 1993 con el fin de actualizar una normativa que se limitaba a la prohibición, dando lugar ahora a un modelo de "conservación activa". La autoridad de aplicación será el Ministerio de Producción y Minería.

El cuerpo legislativo dio media sanción al proyecto de ley por el que se establece la prohibición de la caza y tenencia de la especie, habilitando exclusivamente la esquila en silvestría mediante el método ancestral del "chaku" para promover el desarrollo económico de las comunidades andinas bajo estrictos criterios de conservación.

Esta propuesta impulsa la diversificación de la matriz productiva y el resguardo de la biodiversidad local al establecer un marco de protección para la vicuña. La nueva iniciativa deroga la Ley 6.709 de 1993 con el fin de actualizar una normativa que se limitaba a la prohibición, dando lugar ahora a un modelo de "conservación activa" donde la especie adquiere un valor estratégico para los pobladores sin ser sacrificada.

El proyecto destaca que la vicuña es una especie clave del ecosistema puneño, con una fibra de calidad extraordinaria reconocida mundialmente por su capacidad de aislamiento térmico, ligereza y condición hipoalergénica. Tras décadas de protección absoluta que permitieron recuperar la población —superando los 58 mil ejemplares según el censo de 2018—, Salta se encuentra en condiciones de aprovechar este recurso, alineándose con la recategorización de la CITES que sitúa a la población local en el Apéndice II, permitiendo su comercio bajo control riguroso.

La autoridad de aplicación será el Ministerio de Producción y Minería, organismo encargado de fiscalizar los Planes Locales de Manejo y garantizar que la preservación de la especie sea siempre el principio rector. La ley habilita el procedimiento ancestral denominado “chaku” (término quechua que significa "captura"), que consiste en el arreo y encierre comunitario para la esquila y posterior liberación inmediata de los animales en su hábitat natural, garantizando el bienestar animal y la trazabilidad de la fibra.

En este sentido se declara zonas de reserva e interés a los departamentos de Cachi, Molinos, San Carlos, La Poma, Los Andes, Rosario de Lerma, Iruya, Santa Victoria y Cafayate. Además, se establece que el aprovechamiento de la fibra constituye un derecho de usufructo otorgado por el Estado, el cual es condicionado y revocable, priorizando siempre que los ingresos derivados beneficien a los productores locales y artesanos con domicilio en el departamento donde se realice la esquila.

El diputado Néstor Parra, uno de los autores de la iniciativa, destacó que este proyecto es fruto del trabajo conjunto de instituciones provinciales y nacionales que permitieron salvar a la vicuña de la extinción. Señaló que, si bien la prohibición de 1993 fue fundamental, la realidad actual exige un paso más que combine el cuidado ambiental con la generación de oportunidades genuinas para la gente de la Puna.

El legislador enfatizó que "la vicuña vale más viva", argumentando que otorgarle un valor económico sustentable es la mejor herramienta contra la caza furtiva. A la vez que remarcó que el Estado supervisará cada plan de manejo, asegurando que la actividad sea regulada y respete la cultura ancestral de las comunidades que conviven con el animal.

Por su parte, el diputado Gerónimo Arjona, también autor del proyecto, explicó que el proyecto busca revitalizar saberes ancestrales que mantienen el arraigo local, permitiendo que Salta se sume a modelos exitosos de aprovechamiento que ya funcionan en Catamarca, Jujuy y países vecinos como Bolivia y Perú.

Asimismo, resaltó el impacto económico directo que tendrá la comercialización de la fibra, la cual posee una demanda internacional sostenida. En este sentido, insistió en que el fortalecimiento de este patrimonio se dará mediante mesas de trabajo coordinadas entre el Estado, actores privados y las comunidades, buscando un desarrollo que resguarde la identidad y el territorio.

En tanto, el diputado Enzo Chauque subrayó que esta es una ley "muy esperada y solicitada" por las poblaciones de altura, quienes ven en la actualización de la normativa una vía para favorecer su desarrollo. Recordó que la recategorización de la CITES en 2019 dejó a Salta habilitada para avanzar en esta legislación, convencido de que el éxito de la protección previa debe traducirse ahora en beneficios para las comunidades.

Por su parte, el diputado José Gauffin celebró la "amplitud de criterios" y la generosidad de los autores para lograr un consenso técnico que permita arrancar la actividad rápidamente sin burocracia excesiva. Destacó la ventaja de contar con la experiencia previa de Jujuy y los estudios de 20 años del INTA, calculando que la comercialización de la fibra podría significar una inyección económica de entre 600 y 800 millones de pesos para los departamentos productores.

El resto de los diputados acompañaron el proyecto con diversas miradas. Juan Esteban recordó el riesgo de exterminio que sufrió la especie en los años 70 y celebró el éxito de las políticas actuales. Socorro Villamayor realizó un raconto histórico de los convenios internacionales ratificados por Argentina, destacando que el valor del kilo de fibra en bruto ronda los 500 dólares y que la reglamentación deberá ser estricta para evitar retrocesos en la población. Por su parte, Matías Monteagudo puso el foco en la necesidad de generar valor agregado local para que no se exporte solo la materia prima, sugiriendo la creación de una "denominación de origen" para las prendas de vicuña salteñas.

El proyecto de Ley, autoría de los diputados Néstor Parra, Gerónimo Arjona, Enzo Chauque, Oscar Chosco, Fabio López, Patricio Peñalba, Miguel Plaza, Ernesto Tapia y Héctor Vargas, fue aprobado por unanimidad y pasó al Senado en revisión.

Fuente: Prensa Diputados Legislatura de Salta