La Legislatura provincial aprobó la creación del Fondo de Garantía “Chubut Garantizar”, una iniciativa del Poder Ejecutivo destinada a fomentar la actividad económica y a respaldar inversiones de pequeñas y medianas empresas en etapas iniciales. La diputada de Despierta Chubut y presidenta de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Jacqueline Caminoa, sostuvo que la herramienta “apoya a las Pymes y emprendedores”, y destacó que el fondo contará con 2.000 millones de pesos como aporte inicial, con posibilidad de ampliar la participación de otros fiduciantes públicos y privados.

Caminoa subrayó que la ley establece que el 15% de los recursos será destinado específicamente a micro y pequeñas empresas, además de otorgar exenciones en tributos provinciales actuales o futuros. Señaló también que el fideicomiso brindará capacitación y asesoramiento financiero, fundamentales para quienes inician un proyecto productivo. Agregó que se invita a los municipios a acompañar con medidas impositivas que faciliten el desarrollo emprendedor.

La diputada Norma Arbilla expresó su apoyo, aunque remarcó la importancia de asegurar una distribución equilibrada de los beneficios en todo el territorio, especialmente en las localidades más pequeñas. En la misma línea, el presidente del bloque opositor, Juan Pais, planteó la necesidad de garantizar igualdad de oportunidades para regiones con menor capacidad operativa.

Aprobación del primer Código de Procedimiento Contencioso Administrativo

La Legislatura sancionó, con amplia mayoría, el primer Código de Procedimiento en lo Contencioso Administrativo de la provincia. La diputada María Andrea Aguilera, presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia, destacó que la normativa “pone al ciudadano en el centro, garantiza el acceso real a la Justicia y ordena un proceso que hasta hoy carecía de regulación propia”.

El nuevo Código sistematiza normas dispersas, define con claridad a las autoridades administrativas, fija la competencia del fuero contencioso, incorpora procesos especiales y establece reglas claras para la demanda. Asimismo, introduce el amparo por mora administrativa y regula la ejecución de sentencias contra el Estado, asegurando procedimientos que permitan cumplir los fallos sin afectar servicios esenciales.

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