Dictamen favorable al Proyecto de Ley N.º 1.824/2025, que crea el Programa de Educación Superior en la Universidad del Distrito Federal (UnDF) y sus escuelas afiliadas, destinado a personas privadas de libertad en el sistema penitenciario del DF.
El programa prevé la creación de plazas suplementarias, es decir, plazas adicionales más allá del número habitual previsto en los procesos de selección, destinadas exclusivamente a internos considerados idóneos por los órganos competentes. Estas plazas no reducen ni sustituyen las plazas ordinarias ni las reservadas por cupos y, en caso de no ser cubiertas, no se someterán a concurso público.
Las clases pueden impartirse tanto de forma presencial como a distancia (EaD), lo que garantiza flexibilidad para adaptarse a las condiciones específicas del sistema penitenciario y ampliar el acceso a la educación superior.
Según el proyecto, los procesos de selección podrán utilizar las puntuaciones ENEM de los últimos cinco años o un examen de ingreso simplificado, respetando el sistema de cuotas distritales dentro del grupo objetivo. La propuesta también establece una alianza entre la UnDF y la Fundación de Apoyo a los Trabajadores Presos (FUNAP) para garantizar apoyo pedagógico, acceso a tecnologías y materiales didácticos.
El Poder Ejecutivo justificó la iniciativa afirmando que se basa en el deber constitucional de garantizar la educación como un derecho para todos y en la Ley de Ejecución Penal, que prevé la asistencia educativa como instrumento de reinserción social.
El gobierno destacó que el sistema penitenciario del Distrito Federal alberga actualmente a aproximadamente 15.835 internos, de los cuales el 61% tiene educación primaria incompleta y solo el 1% ha completado la educación superior. «La falta de oportunidades de educación superior en el sistema penitenciario contribuye a los bajos niveles educativos y dificulta la reinserción social», argumenta el memorándum explicativo.
Buriti argumenta además que la propuesta está alineada con el Plan Estratégico de Educación en el Sistema Penitenciario (Decreto Federal No. 7.626/2011) y la Resolución No. 391/2021 del Consejo Nacional de Justicia, que fomentan la ampliación de las oportunidades educativas, incluida la educación superior.
El ponente de la CAS (Comisión de Asuntos Sociales), el diputado João Cardoso, destacó en su voto que la iniciativa es "de gran relevancia social", ya que cumple el derecho fundamental a la educación y contribuye a la reintegración social.
“Al establecer un programa específico de acceso a la educación superior para la población reclusa, el Distrito Federal avanza en la construcción de una política penitenciaria más humana y eficiente”, afirmó. Según él, la creación de plazas adicionales es “una solución técnicamente adecuada y justa”, ya que amplía las oportunidades sin menoscabar las ya existentes.
El proyecto de ley pasará ahora a las demás comisiones para su revisión y, posteriormente, a votación en el pleno. De ser aprobado, el Poder Ejecutivo tendrá 90 días para promulgar la ley, que entrará en vigor en la fecha de su publicación.
Nutrición adecuada para las personas privadas de su libertad.
La comisión también votó a favor del Proyecto de Ley N° 398/2023 , presentado por el diputado Fábio Félix (Psol). La propuesta establece directrices para garantizar el derecho humano a una alimentación adecuada a las personas privadas de libertad dentro del Distrito Federal.
El texto estipula que el suministro de alimentos debe garantizar la calidad sanitaria y nutricional, con acceso ininterrumpido a agua potable y un mínimo de cuatro comidas diarias, priorizando los alimentos frescos o mínimamente procesados. Asimismo, exige que las condiciones sanitarias sean certificadas por un profesional cualificado y prevé sanciones por incumplimiento, incluyendo multas que pueden alcanzar el millón de reales.
Durante su tramitación legislativa, el proyecto de ley recibió cuatro enmiendas. La principal, presentada por el representante Roosevelt Vilela (PL), añadió un artículo que amplía la aplicación de la ley a todos los programas y acciones de las Autoridades Públicas del Distrito Federal que proporcionan alimentos a la población, ya sea de forma gratuita o a cambio de una tarifa.
El ponente de la Comisión de Asuntos Sociales (CAS), el diputado Max Maciel (Psol), destacó que la propuesta se ajusta a la Constitución Federal, que garantiza a los presos el respeto a su integridad física y moral (artículo 5, XLIX), y a la interpretación del Tribunal Supremo Federal sobre la ejecución humanitaria de las penas. En su dictamen, Maciel subrayó que la iniciativa contribuye a la realización del «mínimo existencial», concepto que abarca no solo la subsistencia, sino también la promoción de la ciudadanía y el bienestar físico y mental.
"El suministro de alimentos debe ir acompañado de normas mínimas de higiene y guiado por el cumplimiento de los requisitos nutricionales. Proporcionar alimentos de manera insalubre no cumple con las condiciones de ciudadanía", declaró el ponente.
Las propuestas recibieron votos favorables de los diputados Rogério Morro da Cruz (PRD), Dayse Amarilio (PSD) y Max Maciel. Los proyectos pasarán ahora a otras comisiones temáticas para su análisis antes de ser votados por el pleno de la Cámara Legislativa.
Otros proyectos aprobados
En total, el TAS emitió una opinión favorable sobre 28 proyectos, entre ellos:
• Proyecto de ley No. 681/2023, presentado por el Representante Roosevelt, que "establece e incluye, en el Calendario Oficial de Eventos del Distrito Federal, el 'Día de la Administradora de Condominios', que se celebrará el 30 de marzo de cada año";
• Proyecto de ley No. 216/2023, presentado por el Representante Pastor Daniel de Castro (PP), que "determina que los concesionarios de servicios públicos para el suministro de agua y electricidad en el Distrito Federal deben divulgar información sobre los niveles de sus embalses en sus facturas y especificar qué embalse y planta de energía abastecen la residencia del consumidor;
• Proyecto de ley No. 1149/2024, presentado por el Representante Ricardo Vale, que “prevé la prestación de servicios de educación básica por parte de la Administración Pública y adopta otras medidas”;
• Proyecto de Ley No. 9/2019, presentado por el Representante Iolando (MDB), que “establece la obligación de publicar información relativa a los beneficiarios de los programas y acciones sociales del Gobierno del Distrito Federal”;
• Proyecto de ley n.° 1624/2025, de autoría del Poder Ejecutivo, que "enmienda la Ley n.° 5.142, del 31 de julio de 2013, que 'establece la Política del Distrito para el Cuidado de Jóvenes y prevé otras medidas', y prevé otras medidas";
• Proyecto de ley n.° 1341/2024, presentado por el representante Max Maciel, que establece el Programa de Hip-Hop en las Escuelas del Distrito.
