El proyecto de la ley complementaria fue elaborado por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda

El Proyecto de Ley Complementario (PLC) prevé dos tipos de subdivisión.

Acceso controlado: fraccionamiento con control de acceso, en el que se puede requerir identificación y registro, pero se prohíbe a los no residentes acceder a áreas públicas o lotes con usos distintos al residencial.

Loteo cerrado: loteo en lotes destinados a la construcción, con apertura de nuevas vías de circulación y vías públicas, cuyo perímetro se encuentra cercado o amurallado. En este caso, la Autoridad Pública concede el uso de áreas públicas dentro de la empresa. En este caso el uso de los lotes es exclusivamente habitacional.

Las rejas, vallas y muros no podrán superar los 2,7 metros, debiendo tener una transparencia visual mínima del 70% en el caso de linderos que den a la vía pública. También se permite la instalación de caseta de vigilancia y portería en zonas públicas, con una superficie máxima de 30 m².

Según explicó el GDF , el condominio permite a una entidad de residentes asumir la responsabilidad del mantenimiento de áreas públicas, con la concesión del uso de estas áreas por hasta 30 años, mediante el pago de una tarifa. El incumplimiento de las obligaciones podrá dar lugar a la resolución del contrato. El mantenimiento, conservación y limpieza de las áreas públicas dentro del fraccionamiento incluyen el paisajismo; preservación y mantenimiento del medio ambiente, la urbanización local y la infraestructura instalada; y gastos de alumbrado público.

Para implementar las subdivisiones, la norma requiere la aprobación del proyecto urbanístico por parte del gobierno. Cabe señalar también que la ley no se aplica al Complejo Urbano de Brasilia, que presenta características típicas de un área protegida.

 

Tratamiento

A pesar de haber sido aceptado por consenso por todos los representantes distritales presentes en la sesión, el PLC provocó desacuerdos entre los parlamentarios, quienes se mostraron divididos respecto al momento de la votación y lo que llamaron “lagunas” en el texto. Ricardo Vale (PT) sugirió que el análisis del asunto se posponga hasta la próxima semana, pero la mayoría prefirió votar en la sesión de hoy. Chico Vigilante (PT) y Paula Belmonte (Cidadania) también pidieron más tiempo. 

Otro punto de preocupación se refiere al cálculo de los costos que deberán asumir los condominios. “La propuesta no es clara en cuanto al método de cálculo. Eso se hará administrativamente, más tarde, por lo que puede ser algo muy bueno para el condominio o muy malo”, afirmó Fábio Félix (Psol). En ese sentido, Gabriel Magno (PT) reforzó que, en lugar de resolver problemas, es posible que la medida genere incertidumbre jurídica en el futuro. El compañero de partido de Magno, Ricardo Vale, dijo: “los vecinos están entre la espada y la pared: o aceptan pagar por el uso privado de las zonas comunes o derribarán las casetas de vigilancia, la cosa pinta muy mal”.

João Cardoso (Avante) expresó confianza en que el GDF no gravará a la población y destacó que los condominios actualmente traen ganancias al gobierno porque pagan la iluminación, la seguridad y la pavimentación de las áreas comunes. La presidenta de la Comisión de Asuntos Territoriales, Jaqueline Silva (Agir), afirmó que el proyecto fue ampliamente discutido con la población. “Como ex portero, entiendo que es necesario regular, organizar y dar seguridad jurídica a los habitantes”, argumentó el diputado Rogério Morro da Cruz (PRD), al final de los debates.

Las comisiones de Asuntos Territoriales, de Constitución y Justicia y de Desarrollo Económico Sostenible, de Ciencia, Tecnología, Medio Ambiente y Turismo de la Cámara dieron luz verde al proyecto en el propio periodo ordinario de sesiones, sin análisis en reuniones separadas. El PLC fue aprobado en dos rondas y borrador final y ahora pasa al gobernador para su sanción.