La ley establece un régimen administrativo y judicial específico que permitirá actuar de manera temprana mediante inspecciones, informes técnicos y resoluciones fundadas. Se crea el Registro Provincial de Bienes Intervenidos.
En la 11.ª sesión ordinaria, la Legislatura de Córdoba aprobó por unanimidad la Ley Provincial Antibúnker y Antiaguantaderos, una norma que incorpora nuevas herramientas para intervenir inmuebles vinculados al narcotráfico, otras actividades delictivas o situaciones de abandono que comprometan la seguridad pública. La iniciativa, considerada la primera de estas características en el país, compatibiliza un proyecto del Poder Ejecutivo con propuestas presentadas por los legisladores Oscar Agost Carreño y Oscar Saliba.
La ley establece un régimen administrativo y judicial específico que permitirá actuar de manera temprana mediante inspecciones, informes técnicos y resoluciones fundadas. Entre las medidas previstas se incluyen clausuras provisorias, cerramientos, tapiados, bloqueos de accesos, custodia y aseguramiento de inmuebles, respetando las competencias judiciales y el debido proceso. La intervención procederá cuando existan condiciones objetivas de deterioro, riesgo estructural o cuando los inmuebles estén vinculados de manera actual, anterior o reiterada con actividades delictivas.
La normativa designa al Ministerio de Seguridad como autoridad de aplicación general y prevé una autoridad de aplicación especial para los casos relacionados con el microtráfico y el funcionamiento de búnkeres, coordinada por el Ministerio de Justicia y Trabajo con intervención de la Fuerza Policial Antinarcotráfico. Además, crea una Unidad Interagencial integrada por organismos provinciales, el Ministerio Público Fiscal, fuerzas de seguridad, municipios y comunas, con el objetivo de coordinar las acciones previstas por el régimen.
Asimismo, se crea el Registro Provincial de Bienes Intervenidos, destinado a centralizar, actualizar y resguardar la información sobre los inmuebles alcanzados por la ley, garantizando la trazabilidad de las intervenciones y facilitando la planificación, el seguimiento y la evaluación de las medidas implementadas. Durante la misma sesión también se aprobaron licencias de legisladores y se reconoció la trayectoria de empleados legislativos por sus años de servicio.
