El diputado Ricardo Vale, autor de la norma, reunió a expertos de diversas áreas para discutir el mecanismo, regulado por el GDF mediante la Ordenanza nº 44.919/2023.
La aplicación efectiva de la ley distrital nº 7.264/2023, que castiga a las mujeres agresoras con multas que oscilan entre R$ 500 y R$ 500 mil, fue objeto de debate en la Cámara Legislativa este jueves (23). El diputado Ricardo Vale (PT), autor de la norma, reunió a expertos de diversas áreas para discutir el mecanismo, regulado por el GDF mediante la Ordenanza nº 44.919/2023. Los participantes fueron unánimes al resaltar la importancia de la legislación y formularon sugerencias para asegurar su cumplimiento.
La idea, según el parlamentario, es actuar en la línea de prevención: “Contribuir a detener esta ola de violencia, de odio, en el Distrito Federal y en el país”. Ricardo Vale también destacó la necesidad de exigir al GDF “que preste atención a esta y a todas las demás leyes sobre la materia que deben ponerse en práctica para combatir el problema”. Y también advirtió sobre la urgencia de llevar la lucha contra la cultura machista a las escuelas, objeto de otra ley (nº 5.806/2017) de su autoría.
Las expertas y mujeres víctimas de violencia que contaron sus historias durante el debate, celebrado en forma de comisión general -cuando se suspende la sesión ordinaria para permitir el ingreso al plenario de representantes de la sociedad, quienes, junto a los parlamentarios, debaten temas relevantes- , fueron saludados por la diputada Paula Belmonte (Ciudadanía). “Queremos ser visibles y respetados y, además de discutir lo que hay que hacer, tenemos que reconocer los avances”, afirmó.
La presidenta de la Red Internacional de Protección a Víctimas Laço Branco Brasil, Patrícia Zapponi, cuestionó la operacionalización del cobro de multas, ya que habría lagunas en la normativa, por ejemplo, en cuanto a la responsabilidad de apertura del proceso administrativo. La abogada Izabela Lopes Jamar, responsable del podcast Cinta-Liga da Justiça, defendió el networking. "Necesitamos mantener un pacto por la vida de las mujeres", afirmó.
Recursos
Para Gláucia de Oliveira Barbosa Souto, presidenta de la Comisión de Mujeres de la Asociación Brasileña de Abogados (ABA/DF), es necesario corregir las fallas de la norma para que la ley no sea declarada inconstitucional. Para ella, los recursos recaudados con las multas podrían utilizarse en nuevas dependencias de la Comisaría de la Mujer y dotar a esas instalaciones públicas de ludotecas, clínicas psicológicas y áreas de asistencia jurídica.
Por su parte, Mariana Almeida Araújo, subdirectora delegada de la Comisaría Especial de Atención a la Mujer (DEAM) de Ceilândia, habló sobre el papel de las fuerzas de seguridad locales en la represión de estos crímenes y recordó que los perpetradores de feminicidios están “presos o muertos” . Y, en momentos en que el Distrito Federal contabiliza el caso número 32 de asesinato de mujeres este año, mencionó la muerte, a manos de su pareja, de la propia policía de la DEAM.
Desde la Defensoría Pública, Antônia Carneiro habló sobre las acciones de la agencia en relación al tema y se hizo eco de la importancia de hablar sobre el machismo en las escuelas. En cuanto a la reglamentación de la ley, abogó por la creación por parte del GDF de un sector que pasaría a ser responsable de abrir el proceso administrativo e identificar al agresor.
La secretaria ejecutiva de la Secretaría de la Mujer, Jackeline Domingues de Aguiar, apoyó las iniciativas y afirmó que el departamento se involucrará en la “búsqueda de soluciones al problema”. También hizo un llamamiento a los hombres: “No se confabulen con quienes atacan a las mujeres”.
Después de escuchar las consideraciones de los expertos, así como los aportes de los ciudadanos que asistieron a la mesa general, el diputado Ricardo Vale invitó al grupo a sistematizar sugerencias que puedan mejorar la legislación. Finalmente, llamó a las entidades a formar un grupo de trabajo permanente en el tema, que se instalará en la Vicepresidencia de la CLDF, que él preside, integrado por representantes del gobierno y la sociedad civil.
