La norma determina que sus disposiciones serán de aplicación en el DEM, el Concejo Deliberante, el Tribunal Administrativo de Faltas y el Tribunal de Cuentas Municipal.
El Cuerpo deliberativo sancionó una Ordenanza impulsada por el edil Gustavo Farquharson que establece el marco normativo para la utilización, impulso y desarrollo de tecnologías basadas en Inteligencia Artificial (IA) en el ámbito de la gestión pública municipal. Esto con el objetivo de optimizar la administración, mejorar los servicios a la ciudadanía y fortalecer la toma de decisiones basada en datos, garantizando en todos los casos la intervención y supervisión humana.
En el tratamiento del Proyecto, el concejal Gustavo Farquharson fundamentó la iniciativa, señalando: “Principalmente busca que sea más eficiente la gestión y poder acercar de mejor manera los servicios que brinda el Estado Municipal al vecino”. Además, subrayó que la incorporación de estas tecnologías debe ser entendida como “una herramienta que permite mejorar el funcionamiento del Estado”.
Asimismo, precisó el alcance de su implementación: “De ninguna manera busca reemplazar la función humana. De hecho, el Proyecto lo establece claramente: siempre tiene que haber control humano y la decisión final del funcionario”. En relación a las garantías previstas, indicó que el uso de la IA debe regirse por criterios de responsabilidad: “Tiene muchos beneficios en su utilización, pero por supuesto que debe ser responsable, con resguardo en el tratamiento de los datos”.
En cuanto a los objetivos de la Ordenanza, detalló: “Se busca reducir los tiempos en los trámites, mejorar la atención al vecino y saltear de alguna manera la burocracia que muchas veces limita una respuesta eficiente”.
En esa línea, afirmó que el marco normativo aprobado “va a permitir una gestión más ágil, más eficiente y más cercana al vecino”.
La norma determina que sus disposiciones serán de aplicación en el DEM, el Concejo Deliberante, el Tribunal Administrativo de Faltas y el Tribunal de Cuentas Municipal. Estableciendo para el ámbito legislativo la exclusión de aquellas funciones de carácter legislativo ni las vinculadas al ejercicio del control político, en resguardo de su competencia y autonomía funcional.
En su articulado, la Ordenanza incorpora definiciones conceptuales para su implementación, vinculadas a la Inteligencia Artificial, los datos y su análisis, así como también a las Herramientas de IA.
Asimismo, fija como principios rectores la legalidad, transparencia, explicabilidad, seguridad de la información y no discriminación. Se dará prioridad al respeto de los derechos humanos y la equidad, evitando sesgos algorítmicos. En este sentido, se establece de manera expresa que todo sistema de IA debe contar con mecanismos de supervisión humana efectiva que garanticen la rendición de cuentas y la posibilidad de corregir errores. En ningún caso la IA sustituirá la responsabilidad administrativa de los funcionarios públicos.
En relación a su implementación, la Autoridad de Aplicación deberá promover acciones estratégicas orientadas a la identificación de áreas de gestión para la incorporación de estas tecnologías, el desarrollo de proyectos piloto en articulación con universidades y empresas tecnológicas, la capacitación del personal municipal en ética digital y ciencia de datos, así como la promoción de instancias participativas para la generación de soluciones innovadoras.
La iniciativa también contempla garantizar los derechos de la ciudadanía y la protección de datos personales, estableciendo la obligatoriedad de cumplir con la normativa nacional vigente en la materia. En este marco, se prevé la adopción de medidas técnicas para prevenir y corregir posibles sesgos discriminatorios, la utilización limitada y pertinente de los datos, y la prohibición de emplear información personal en sistemas de IA que no se encuentren bajo control técnico municipal o que no aseguren condiciones adecuadas de resguardo.
Por otra parte, se reconoce el derecho de los ciudadanos a acceder a información clara sobre el uso de sistemas de IA en decisiones administrativas que los afecten, así como a solicitar la revisión de dichas decisiones por parte de una autoridad competente y a obtener explicaciones comprensibles sobre los criterios utilizados por los algoritmos.
