Se busca agilizar la realización de juicios mediante jurados populares en Entre Ríos, a través de cambios a la normativa vigente.
Durante la décima sesión ordinaria del 146° periodo legislativo, la cual fue presidida por Gustavo Hein, la Cámara de Diputados de Entre Ríos dio media sanción al proyecto del Poder Ejecutivo por el cual se modifica la Ley de Juicio por Jurados. Con el objetivo de agilizar la implementación de este sistema, uno de los cambios establece que deberán ser obligatoriamente juzgados por jurados populares los delitos cuya pena máxima en abstracto sea de más de 20 años de prisión o reclusión. En la votación en general, la norma fue aprobada por mayoría, con 23 votos afirmativos y nueve negativos.
“Cuando esta Legislatura aprobó por unanimidad la Ley N° 10.746, lo hicimos con la clara convicción de que íbamos a dar un paso adelante en la participación ciudadana y la democratización de la justicia penal en nuestra provincia. Hoy debemos revisar y ajustar puntos esenciales para garantizar un mejor funcionamiento del sistema, pero sin perder de vista aquellos principios fundamentales que motivaron la sanción de esta ley”, sostuvo la diputada Gabriela Lena al abrir el debate.
precisó que la iniciativa prevé modificar los artículos 2, 46 y 96. Sobre el artículo 46, dijo que “modifica el piso remuneratorio de los jurados, pero mantiene el reconocimiento de viáticos y la protección legal frente a posibles sanciones laborales”; mientras que el 96 habilita a la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia a suscribir convenios con instituciones públicas o privadas en aquellos lugares donde el Poder Judicial no tenga espacios físicos para llevar adelante el juicio.
En cuanto al artículo 2°, dijo que se establece un nuevo criterio de competencia, limitándola a todos aquellos delitos que tengan más de 20 años de prisión efectiva. “Esto no restringe el derecho, sólo ordena el proceso y concentra este recurso institucional donde más se lo requiere. Se prioriza la mayor gravedad y la mayor complejidad, dejando en manos de los jueces técnicos el resto de los delitos. Es una optimización de los recursos y de las funciones”.
Indicó que desde 2019 sólo se han realizado 50 juicios por jurados, el 80% de ellos concentrados en Paraná, Concordia y Gualeguaychú, y que hay más de 150 causas pendientes, por falta de recursos logísticos y por agenda judicial. “A esta velocidad, poner al día esta situación llevará cuatro años y medio. Se hace un cuello de botella importante y se genera una dilación de la justicia para las víctimas y para los acusados”.
