La mencionada ley lleva el nombre de Micaela García, una joven de 21 años víctima de femicidio en la provincia de Entre Ríos. Tras su desaparición y luego de una semana de intensa búsqueda en abril de 2017, la muerte de Micaela conmocionó al país. Joven militante política, cuyo compromiso social por los derechos humanos y de las mujeres se hicieron eco en millones de argentinos y argentinas.

Las crecientes denuncias de violencia y las masivas manifestaciones visibilizaron y pusieron en la agenda pública las problemáticas y desigualdades que atraviesan las mujeres. Así fue que el 10 de enero de 2019 el Congreso de la Nación Argentina sancionó la Ley 27.499, conocida como "Ley Micaela”, mediante la cual se estableció la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres, para todas las personas que se desempeñen en la función pública, en todos sus niveles y jerarquías.

 El 10 de octubre del mismo año, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sancionó la Ley 6.208, de adhesión a la ley nacional. En marzo de 2020, que el mismo parlamento la reglamenta y crea el “Programa de Capacitación para sus trabajadores y trabajadoras”.  Dicho programa se desarrolla conjuntamente con la Secretaría de Asuntos Académicos de la Universidad Nacional de Buenos Aires.