Aprueban el proyecto de ley del exdiputado José Gomes, que obliga a los supermercados y establecimientos similares del DF a adaptar el cinco por ciento de sus carritos de compra para atender a las necesidades de niños con discapacidad o movilidad reducida.
El proyecto de ley fue aprobado con tres votos a favor y actualmente se encuentra en trámite en otras comisiones antes de llegar al pleno de la Cámara. La propuesta estipula que la aplicación de la norma será responsabilidad de la agencia de protección al consumidor competente. Los establecimientos tendrán seis meses para adaptarse a la exigencia, a partir de la publicación de la nueva ley.
Según el autor, «esta propuesta pretende atender a todas las familias con niños con discapacidad o movilidad reducida que se sienten excluidos de las actividades cotidianas. Muchos padres no pueden llevar a sus hijos con discapacidad o movilidad reducida a comprar en supermercados o mercados debido a la falta de cochecitos adaptados».
Campañas en vagones exclusivos
La Comisión también aprobó el Proyecto de Ley N.° 683/2023, propuesto por el Diputado Pastor Daniel de Castro (PP), que modifica la legislación al ordenar el uso de espacios en los vagones del metro reservados exclusivamente para mujeres para promover, mediante diseño gráfico, propaganda contra la violencia hacia las mujeres. Los medios de comunicación deben ocupar la cabecera, las cornisas o los paneles laterales del vagón reservado.
El proyecto fue aprobado con tres votos a favor y aún pasará por otras comisiones antes de ser analizado en el pleno.
El objetivo principal del proyecto de ley es difundir y promover diversas formas de combatir y denunciar la violencia contra las mujeres en los vagones exclusivos para mujeres del Metro del Distrito Federal. Esto no solo fortalece la sensación de seguridad de las pasajeras, sino que también contribuye a una sociedad más justa e igualitaria, explicó la autora del proyecto.
Flujo de informes
Los miembros del Comité también aprobaron el Proyecto de Ley No. 1644/2025, del Diputado Iolando (MDB), que establece “normas para el flujo interno y externo, el reenvío y el tratamiento de quejas relativas a violaciones de los derechos humanos de las personas con discapacidad, con miras a garantizar la protección y promoción de los derechos fundamentales y universales, de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2006) y la legislación brasileña relacionada, en particular la Ley Brasileña sobre la Inclusión de las Personas con Discapacidad, la Ley General de Protección de Datos Personales y la Ley Distrital que establece el Estatuto de las Personas con Discapacidad)”.
El proyecto de ley aún se encuentra en trámite y será revisado por el pleno del CLDF. Según la propuesta, la dependencia responsable de las políticas dirigidas a las personas con discapacidad en el Distrito Federal será responsable de coordinar, implementar y supervisar las medidas propuestas, en colaboración con otras dependencias e instituciones del GDF, así como con otras entidades que trabajan en la protección de los derechos humanos.
Las quejas podrán recibirse a través de los siguientes canales, sin perjuicio de otros que puedan establecerse en el futuro: la Defensoría del Pueblo del Distrito Federal o las defensorías sectoriales; aplicaciones, portales y sistemas electrónicos de denuncia (líneas de denuncia, plataformas digitales, correo electrónico, canales de mensajería virtual, entre otros); demandas derivadas de convenios, contratos, acuerdos de cooperación, términos de asociación, términos de colaboración u otros instrumentos similares; demandas espontáneas encaminadas a las áreas técnicas del GDF, incluso de forma presencial; y el Sistema Nacional Integrado de Derechos Humanos del Ministerio de Derechos Humanos y Ciudadanía (SINDH/MDHC – Marque 100) u otro que lo sustituya.
El autor explicó que la propuesta “se inspira y amplía el sistema ya previsto en la Ordenanza que prevé el flujo interno para la atención de quejas sobre violaciones a derechos humanos, en el ámbito de la Secretaría de Justicia y Ciudadanía”.
En la reunión de la Comisión participaron los representantes Fábio Felix (Psol), Ricardo Vale (PT) y João Cardoso (Avante).
