El objetivo del proyecto de ley enviado por el Ejecutivo provincial a la Legislatura es mejorar la eficiencia del sistema judicial y garantizar que los acusados que repiten su conducta deban esperar en prisión preventiva el inicio del juicio y no libres como sucede actualmente.

Además, busca acelerar los procesos en casos de flagrancia y asegurar la protección de los derechos de las víctimas, especialmente en casos de usurpación.

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