La normativa, que ya está en vigor, busca ampliar la cooperación entre ciudadanos, instituciones y organismos de seguridad pública.
La Ley N° 7.924/2026, que establece las normas para la integración de sistemas de videovigilancia de terceros en los sistemas de seguridad pública del Distrito Federal , fue publicada en el Boletín Oficial del DF. El nuevo reglamento, redactado por el diputado Wellington Luiz (MDB) , tiene como objetivo ampliar la capacidad de prevención, investigación y respuesta de los organismos de seguridad pública mediante el uso de imágenes captadas por cámaras pertenecientes a condominios, empresas, instituciones y ciudadanos interesados en colaborar con la vigilancia urbana.
La integración se realizará con la autorización del responsable del sistema de videovigilancia. Las imágenes podrán estar disponibles en tiempo real o almacenadas, según los criterios técnicos, operativos y legales que se definan en la normativa. El texto también regula la autorización para el uso de espacios públicos para la instalación de infraestructura privada de videovigilancia destinada a la integración con los sistemas de seguridad pública del Distrito Federal.
Se espera fortalecer la acción integrada de las fuerzas de seguridad mediante la ampliación de la cobertura de vigilancia, sin que el gobierno tenga que adquirir todo el equipo instalado en las zonas urbanas. De esta manera, la integración no transfiere la propiedad del equipo ni los costos de operación y mantenimiento al Distrito Federal.
Privacidad
Para proteger la privacidad de los ciudadanos, la nueva ley prohíbe la grabación de imágenes en entornos ajenos a la seguridad pública, como el interior de las viviendas. Asimismo, exige que el tratamiento de datos personales cumpla con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y establece que el acceso a las imágenes esté sujeto a perfiles de autorización, registros de acceso, pistas de auditoría y mecanismos de trazabilidad. Se recomienda que las cámaras se ubiquen preferiblemente hacia calles, espacios públicos, instalaciones públicas o zonas de acceso común.
Según el texto, la divulgación, comercialización o difusión indebida de las imágenes está prohibida, salvo en los casos previstos por la ley, por orden judicial, a petición de una autoridad competente o en los casos previstos en la normativa.
Transparencia y control
La normativa también prevé la creación de un registro de sistemas integrados a la red de seguridad pública, que contendrá información como el número de cámaras, el estado de integración y la ubicación aproximada de los puntos de captura. Además, el Poder Ejecutivo deberá publicar un informe anual consolidado con información estadística sobre la aplicación de la ley, incluyendo el número de sistemas integrados, el número de cámaras conectadas, las autorizaciones otorgadas y las medidas adoptadas para proteger la privacidad.
