La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sancionó el presupuesto 2022 de gastos y recursos para la administración gubernamental, e igualmente se aprobaron los proyectos de Ley Tarifaria y Código Fiscal que regirán el año venidero.

El total presupuestado para el año próximo es $964.387 millones (M), que representa alrededor de un 40% del gasto que se proyecta ejecutar al final de 2021 y un 57% más de lo que se había presupuestado originalmente para este año en curso.

Los mayores gastos e inversiones corresponden a los denominados “servicios sociales” (educación, salud, promoción social, vivienda) que insumen más de la mitad de todo lo presupuestado, con $582.481 M. Los servicios de Seguridad tienen asignados unos $153.660 M y la totalidad de la administración gubernamental (los tres poderes y organismos de control), unos $116.558 M.

Intereses y gastos de la deuda pública, $69.755 M, y para servicios económicos se calculan unos $42.000 M.

Educación, Salud, Seguridad y Desarrollo Social, en ese orden, tienen las mayores partidas presupuestarias.

El 14% de la inversión se aplicará a obras públicas (el oficialismo recordó que hasta el 2007 esa inversión no pasaba del 7% del total del Presupuesto y que la meta actual es llegar al 17,5%). Se prevén importantes emprendimientos en subterráneos ($8.000 M), infraestructura escolar ($3.000 M); plan Sarmiento de informática y conectividad en la enseñanza ($4.000 M); obras en Hospitales ($1.100 M), en las cuencas de los arroyos Maldonado, Cildañez y Vega (más de $2.000 M) y en el Parque de la Innovación ($2.800 M)

En cuanto a los recursos que se prevén recaudar en 2022, serían un 44,3% más que lo que se estima consolidar a fines de 2021. El 67,4% se calcula obtener por impuestos a los Ingresos Brutos; 12,6 % será de coparticipación federal; 7,4% por sellos; 6,7% de impuesto inmobiliario y 4,6% en patentes de vehículos. También ingresarán recursos no tributarios (multas, tasas, derechos y otros); $79.629 M de fuentes financieras y 59.584 M de aplicaciones financieras.

El proyecto de la Jefatura de Gobierno fue presentado en la Legislatura por el ministro de Hacienda y Finanzas, Martín Mura, tras lo cual fue analizado y despachado por la comisión legislativa de Presupuesto, Hacienda, Administración Financiera y Política Tributaria, presidida por Claudio Romero (VJ), quien en el debate hizo de miembro informante.

Romero comenzó su informe con una nueva protesta por la quita “intempestiva y unilateral” de fondos coparticipables a la Ciudad de Buenos Aires, por parte del gobierno federal. Ponderó la pérdida en ese sentido en unos $96.000 M para el año en curso y unos $120.000 M en 2022.

Tanto el Presupuesto como las leyes Tarifaria, del Código Fiscal y de reestructuración de deuda pública, fueron aprobadas con los votos positivos de Vamos Juntos, UCR, PS y Gen (38 votos) y la oposición del Frente de Todos, AyL, FI y CF (20 votos).

Ley Tarifaria y Código Fiscal

En la misma sesión ordinaria (la última del año) y en el marco del mismo debate, se trataron y aprobaron también el Código Fiscal y la Ley Tarifaria para el próximo ejercicio.

No se propone ningún tipo de incremento de alícuotas en los tributos que recauda la CABA, aunque habrá ajustes nominales que promedian el 43%, por efecto de la inflación. La tabla de Patentes sobre Vehículos en General aumentará un 75% como consecuencia de las subas importantes que tuvieron los automotores.

En Ingresos Brutos no habrá cambios excepto para distintas actividades vinculadas a los juegos de azar y destreza, fijando la alícuota del 12% por Casinos y máquinas “tragamonedas”

En relación con los montos mínimos y máximos de infracciones, se actualizan los importes aplicando en general el 43% de suba nominal.

Para los nuevos contribuyentes que inicien actividades en la Categoría Régimen Simplificado del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, habrá una bonificación del 100% durante el primer año y del 50% durante el segundo año.

Emisión de deuda

La norma sancionada autoriza al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda y Finanzas, a efectuar operaciones voluntarias de administración de pasivos y la emisión de títulos de deuda pública, y/o la reapertura de series y/o clases en circulación, hasta la suma de 500 millones de dólares o su equivalente en pesos, otras monedas o unidades de valor.

Se aclaró en los considerandos que “estas operaciones no suponen contraer mayor endeudamiento, sino que apuntan a modificar la estructura temporal de los pasivos. Que así las cosas, la sanción de esta ley aportaría a la estrategia de manejo de pasivos impulsada por el Poder Ejecutivo tendiente a anticipar situaciones de tensión en los mercados, a fin de mitigar el riesgo de fondeo, así como a potenciar alternativas de instrumentos en moneda local”.

La ley sancionada habilita al Ministerio de Hacienda y Finanzas “a dictar las normas que resulten necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente ley, efectuar la apertura de cuentas custodio en el país y/o en el exterior y la instrumentación de acuerdos de cobertura de riesgo cambiario”.

El diputado Romero consignó que se trata de la reestructuración de deudas que vencen en 2022, 2023 y 2024 y enfatizó: “Por primera vez, un jefe de Gobierno va a dejar saneadas las cuentas públicas y ordenada la deuda para las futuras autoridades que lo sucedan”.