Contempla la derogación de la Ley 9.103 y establece nuevas disposiciones para mejorar el funcionamiento de la Oficina General de Sumarios, incorporar recursos tecnológicos y optimizar la distribución de competencias entre organismos.
El Senado de Mendoza aprobó el proyecto de ley que modifica el Régimen General Disciplinario de la Administración Pública Provincial, una iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo que busca modernizar los procedimientos administrativos, reducir los tiempos de resolución de los sumarios y fortalecer las herramientas de investigación del Estado.
La propuesta contempla la derogación de la Ley 9.103 y establece nuevas disposiciones para mejorar el funcionamiento de la Oficina General de Sumarios, incorporar recursos tecnológicos y optimizar la distribución de competencias entre los organismos de la Administración Pública.
Sometida a votación en el recinto, la iniciativa obtuvo 23 votos afirmativos, 11 negativos y una abstención, correspondiente al senador Martín Rostand (PRO). De esta manera, al contar previamente con la aprobación de la Cámara de Diputados, fue remitida al Poder Ejecutivo para su promulgación.
Durante el tratamiento, el senador oficialista Gustavo Soto explicó los principales alcances de la reforma y destacó la necesidad de acelerar los procedimientos para evitar que las investigaciones permanezcan abiertas durante años sin una resolución definitiva.
En ese sentido, señaló que, de acuerdo con los datos expuestos, solo uno de cada cuatro hechos que se tramitan en la Oficina General de Sumarios corresponde a situaciones ocurridas durante 2025, mientras que el resto pertenece a períodos anteriores.
El legislador sostuvo que las demoras afectan tanto al funcionamiento de la Administración Pública como a los agentes involucrados, que permanecen durante largos períodos sujetos a investigaciones sin conocer una decisión definitiva.
Asimismo, remarcó que la reforma permitirá que la Oficina General de Sumarios pueda actuar de oficio cuando tome conocimiento de posibles irregularidades, sin depender necesariamente de una comunicación formal de la repartición en la que se hayan producido los hechos.
Soto también destacó la incorporación de herramientas digitales para agilizar las actuaciones y garantizar que las comunicaciones del procedimiento queden debidamente registradas, preservando el debido proceso y el derecho de defensa de los trabajadores estatales.
Los principales cambios del nuevo régimen
Uno de los ejes centrales de la reforma es la modernización del funcionamiento de la Oficina General de Sumarios, mediante la incorporación de citaciones y notificaciones electrónicas, audiencias virtuales y el uso de plataformas como Mendoza por Mí (MxM), el correo electrónico y otros recursos digitales.
La iniciativa busca simplificar las actuaciones, facilitar el acceso a la información y evitar instancias administrativas innecesarias que prolonguen la resolución de los expedientes.
También fortalece las facultades de la Oficina General de Sumarios, que podrá iniciar de oficio informaciones sumarias cuando tome conocimiento de hechos que pudieran constituir faltas disciplinarias. El organismo contará con autonomía técnica y funcional para desarrollar investigaciones, producir y valorar pruebas y elaborar dictámenes bajo criterios de objetividad e imparcialidad.
Otro aspecto previsto es una nueva distribución de las competencias disciplinarias. Las faltas de menor entidad podrán ser investigadas y resueltas directamente por las reparticiones de origen, dentro de los límites establecidos por la normativa y con respeto por las garantías de defensa. De esta manera, se busca que la Oficina General de Sumarios concentre sus recursos en los casos de mayor gravedad o complejidad.
Presentismo y régimen de sanciones
La reforma también incorpora mecanismos para mejorar el control de la asistencia de los agentes estatales. En ese marco, cada jurisdicción, organismo o dependencia deberá designar un responsable Administrativo de Presentismo, encargado de realizar el seguimiento de los registros de asistencia y comunicar de manera inmediata a las áreas de Recursos Humanos aquellas situaciones que pudieran configurar causales de cesantía vinculadas con las inasistencias injustificadas.
Durante el análisis del proyecto se indicó que el ausentismo injustificado representa alrededor del 40% de los sumarios que tramita actualmente el organismo.
En cuanto al régimen sancionatorio, la iniciativa mantiene las sanciones de apercibimiento, suspensión de hasta 30 días corridos, cesantía y exoneración, y establece las autoridades competentes para aplicarlas de acuerdo con la gravedad de cada situación.
Como regla general, las suspensiones superiores a 15 días, la cesantía y la exoneración requerirán la instrucción previa de un sumario administrativo. Se contemplan, no obstante, excepciones para determinadas causales objetivas de cesantía, que contarán con un procedimiento especial.
El texto también incorpora mecanismos alternativos para concluir determinados procedimientos cuando las características y la gravedad del caso lo permitan. Estas vías deberán respetar los principios de legalidad, razonabilidad, proporcionalidad y debido proceso, y requerirán el consentimiento expreso del agente involucrado y la conformidad de la autoridad competente.
Además, la iniciativa contempla modificaciones vinculadas con las causales objetivas de cesantía, entre ellas las inasistencias injustificadas reiteradas, el abandono del servicio y la acumulación de determinadas sanciones disciplinarias. También incorpora previsiones relacionadas con condenas judiciales firmes por determinados delitos y conductas que ocasionen perjuicios al Estado.
Desde el oficialismo se sostuvo que estas modificaciones permitirán diferenciar la gravedad de las conductas investigadas y destinar los recursos administrativos de acuerdo con las características de cada caso.
Digitalización y garantías del debido proceso
La reforma propone regular la acumulación de expedientes relacionados entre sí y simplificar la tramitación de las actuaciones para evitar duplicaciones y reducir los costos administrativos.
La incorporación de herramientas digitales busca agilizar las comunicaciones, facilitar la realización de audiencias y mejorar el seguimiento de las investigaciones.
Sin embargo, los fundamentos de la iniciativa remarcan que la celeridad no debe entenderse únicamente como la aplicación más rápida de sanciones, sino también como la posibilidad de determinar oportunamente si existió responsabilidad disciplinaria.
En ese sentido, el proyecto procura fortalecer la capacidad de respuesta de la Administración Pública Provincial y garantizar que los procedimientos concluyan dentro de plazos razonables, con respeto por el derecho de defensa y las garantías de los agentes involucrados.
