La Cámara baja de forma unánime aprobó con media sanción un proyecto presentado por Natalia Herrera, Tiago Puente, Natalia Saseta y Marita Colombo por el cual se establece en todo el sector público Provincial la obligatoriedad de un protocolo de intervención ante situaciones de violencia, discriminación de género u orientación sexual.

La herramienta busca intervenir ante comportamientos y acciones u omisiones cometidas por funcionarios/as y empleados/as de la provincia con una escala de sanciones que van desde el apercibimiento y las suspensiones hasta la cesantía y exoneración de acuerdo a la gravedad de la falta. De esta forma, se apunta a garantizar el respeto de los derechos de la/s víctima/s, la reserva y celeridad de las actuaciones y también el respeto por el derecho de defensa de la/s personas involucradas.

Saseta, quien obró como miembro informante de la iniciativa proyecto expresó que se “debe garantizar el funcionamiento de sistemas adecuados de atención a las víctimas de discriminación y violencia por razones de género, en el ámbito de las relaciones laborales y educativas, donde es necesario prevenir e intervenir de manera oportuna y eficaz ante denuncias por violencia de género, acoso sexual y discriminación de género”. “Lo que buscamos con esta ley, con Marita y en su homenaje, es que tenga una real aplicación porque de nada sirven leyes que pueden ser bonitas pero no se ejecutan; buscamos una real aplicación y cuidado cuando se trata de vulneración a los derechos de género” remarcó.

Por su parte, Puente resaltó que el protocolo propuesto “considera como hechos de discriminación las acciones que degraden a las personas” para indicar que se debe avanzar en la consecución de “una ciudadanía plural y tolerante”. En tanto, Alejandro Páez y Mónica Zalazar felicitaron a sus pares autores del proyecto.