También se aprobó un paquete de financiamiento para obras y ampliación de subtes, junto con diversos beneficios fiscales e impositivos. En relación con el servicio penitenciario y se convirtió en ley su marco normativo mediante la Ley de Ejecución de la Pena.
La Legislatura de la Ciudad aprobó el Presupuesto 2026 con 38 votos a favor y 21 negativos. El proyecto, que contempla un gasto total de 17,3 billones de pesos, marca un cambio de escala en materia de inversión pública y por quinto año consecutivo mantiene el equilibrio fiscal con un superávit proyectado de 6 mil millones de pesos.
"Este presupuesto combina equilibrio fiscal y transparencia, permitiendo ordenar las cuentas públicas sin resignar inversión donde más se necesita", destacó la presidenta de la Comisión de Presupuesto, Paola Michielotto, quien agradeció el trabajo conjunto de todos los bloques que participaron en el debate.
El 62% del presupuesto se destinará a áreas sociales como Seguridad, Educación, Salud y Desarrollo Humano. Educación vuelve a ser el área con mayor asignación presupuestaria con el 20% del total, seguida por Salud con 16,5%, Seguridad con 15% y Desarrollo Social con 9,3%. El aspecto más destacado del presupuesto es la inversión en obra pública, que alcanzará el 20% del total, superando el promedio histórico del 16%. La obra más importante será el inicio de la Línea F de subte, que conectará Barracas con Plaza Italia y sumará 300 mil pasajeros diarios a la red. "Durante la campaña hubo quienes decían que no se iba a hacer; sin embargo, hoy el proyecto está en proceso de licitación. Eso es trabajo y es gestión", subrayó el diputado Darío Nieto.
El presupuesto también incluye medidas de alivio fiscal para los vecinos. Se establece una exención total del Impuesto sobre los Ingresos Brutos para trabajadores no profesionales de las primeras tres categorías del Régimen Simplificado, beneficiando a 118.332 contribuyentes. Además, se elimina el Impuesto de Sellos para créditos hipotecarios de vivienda única y se mantiene la exención del 100% en operaciones de compraventa de viviendas cuyo valor sea inferior a 226 millones de pesos.
Para jubilados, pensionados y personas con discapacidad se amplía la exención del ABL y del Impuesto Inmobiliario. En el caso de las patentes, se exime del pago a personas con discapacidad y se mantiene la exención para autos eléctricos.
El financiamiento de infraestructura también formó parte de la agenda, que dio como resultado la aprobación de recursos para obras de AUSA y un empréstito destinado a la modernización de la red de subterráneos.
Otro de los momentos más importantes
fue cuando se aprobó la creación del servicio penitenciario porteño y la Ley de Ejecución de la pena privativa de la libertad, que establece su marco normativo. “Por primera vez, la Ciudad asume la competencia plena sobre la ejecución de las penas", afirmó durante el debate la diputada Inés Parry, presidenta de la Comisión de Justicia, y destacó que la nueva ley "establece como objetivo central que la persona condenada comprenda la gravedad de sus actos, respete la ley y logre una adecuada reintegración social, garantizando al mismo tiempo la reparación a la víctima”.
La iniciativa incluye la creación de la Agencia Penitenciaria y de Reintegración Social, un organismo civil, desconcentrado, especializado y auxiliar del Poder Judicial, dependiente del Ministerio de Justicia de la Ciudad. Según la Ley, su personal se dividirá en dos cuerpos: el de Agentes de Seguridad Penitenciaria, integrado por la fuerza civil armada dedicada a tareas de seguridad, prevención, protección y custodia; y el de Agentes de Reintegración Social, compuesto por personal civil profesional, técnico y administrativo orientado al tratamiento progresivo, la educación, el trabajo, la salud mental, los vínculos familiares y el Plan de Vida de las personas privadas de libertad.
En materia deportiva, se modificó la Ley 6.358 relacionada con el Programa de Capacitación para la Prevención de la Violencia en el ámbito deportivo. En el plano institucional, se creó un Fondo para la ampliación estructural destinado a fortalecer las competencias jurisdiccionales del Tribunal Superior de Justicia. Además, se modificó la Ley 955 de Talleres Protegidos de Rehabilitación Psiquiátrica, mientras que en materia animal se aprobó el Plan de equilibrio poblacional ético con apoyo a organizaciones rescatistas.
La accesibilidad urbana estuvo presente mediante la modificación de la Ley 2.219, que establece la obligatoriedad de instalar juegos inclusivos en todas las plazas y parques de la Ciudad y en relación a las personas mayores se sancionó un nuevo Registro Gratuito de Voluntades Anticipadas, un instrumento fundamental para garantizar su autonomía en decisiones sobre su propia salud.
