El objetivo principal de la nueva normativa es brindar un trato adecuado a las actividades rurales, diferenciándolas de la dinámica observada en las zonas urbanas.
La Ley Distrital N° 7.901/2026 , que modifica la legislación sobre el Estudio de Impacto Vecinal (EIV) para estimular el desarrollo económico en las zonas rurales, ya está en vigor en el Distrito Federal. La propuesta, impulsada por el Representante Roosevelt Vilela (PL) , modifica la Ley N° 6.744/2020, incluyendo la organización logística del transporte y el almacenamiento de carga en la macrozona rural entre los proyectos arquitectónicos específicos.
El objetivo principal de la nueva normativa es brindar un trato adecuado a las actividades rurales, diferenciándolas de la dinámica observada en las zonas urbanas. Según la justificación del proyecto de ley que dio origen a la misma, la exigencia de estudios complejos y costosos para los proyectos de logística rural, al igual que los requeridos para las zonas urbanas, terminaba por hacer inviable el flujo de producción y el apoyo a las actividades primarias.
Según el representante Roosevelt Vilela, la enmienda corrige una distorsión que perjudicaba a la comunidad rural. "El requisito de una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) para implementar la actividad en la macrozona rural no es razonable en absoluto, considerando el costo del estudio, su efectividad y el daño que su no implementación causaría a la comunidad rural debido a su complejidad y alto costo", argumentó el representante en la justificación de la propuesta.
Según el legislador, la nueva legislación también está en consonancia con el Plan Director del Distrito Federal, que estipula que el desarrollo de las zonas rurales debe contribuir a la creación de espacios multifuncionales, permitiendo no solo las actividades primarias, sino también el fortalecimiento de los sectores secundario y terciario vinculados a la dinámica del campo.
La Ley Distrital N° 7.901/2026, promulgada por la Gobernadora Celina Leão, entró en vigor el 3 de junio de 2026. Con este cambio, se espera que el sector de la producción rural gane en seguridad jurídica y eficiencia logística, facilitando el almacenamiento y transporte de bienes fundamentales para la economía del Distrito Federal.
