Tras cumplir un año de trabajo, la Unidad Ejecutora Provincial creada para realizar el registro, relevamiento y asesoramiento presentó ante la Comisión Bicameral de Seguimiento del Programa un informe sobre los avances concretados.
La actividad fue encabezada por el presidente de la Comisión Bicameral, Walter Wayar; junto a sus pares, Mashur Lapad y Héctor Calabró, por el Senado y Gonzalo Caro Dávalos, por la Cámara de Diputados. La UEP estuvo representada por su coordinador, Pablo Savoy, la secretaria de Desarrollo Agropecuario, Milagros Patrón Costas y por funcionarios de las seis secretarías de estado que la integran.
Asistieron también los senadores, Esteban D’Andrea, Walter Cruz, Diego Cari y Dani Nolasco, integrantes de la Comisión de Agricultura, Transporte y Ganadería; el secretario de Justicia, Luis María García Salado; su par de Tierras y Bienes del Estado, Esteban Carral Cook; la Secretaria de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Itatí Carrique; el secretario de Asuntos Indígenas, Luis Gómez Almaraz y la Dra. María Victoria Rivera Rodó, en representación de la Secretaria de Derechos Humanos.
La Ley N°7658 creó a finales del año 2010 el Programa de Regularización Dominial y Asistencia para Pequeños Productores Agropecuarios y Familias Rurales, con el fin de reconocer y proteger la identidad cultural de los mismos e insertar mecanismos para promover una igualdad real de oportunidades.
Desde ese entonces y hasta la fecha el texto normativo fue prorrogado sucesivamente con el fin de brindar a pequeños productores y familias campesinas, seguridad jurídica sobre los derechos de posesión y propiedad que tuvieren sobre las tierras en las que habitan y evitar su desalojo.
Además, en ocasión de la última prórroga, vigente hasta el 31 de diciembre de 2023, se facultó a una Unidad Ejecutora Provincial (UEP) a llevar adelante en territorio la tarea de registro, relevamiento y asesoramiento; estableciendo además la obligación de efectuar ante la Comisión Bicameral de Seguimiento del Programa un informe anual con el resultado de las acciones llevadas a cabo.
Números y proyecciones
Partiendo de la premisa que el pequeño productor supere el estado de vulnerabilidad social, crezca y obtenga la propiedad de la tierra que trabaja por generaciones, Savoy dijo que en este primer año la tarea estuvo orientada a afianzar las acciones realizadas antes de la integración de la UEP, comenzando por mesas de trabajo con comunidades de la ruta nacional 81 en el departamento Rivadavia y otras de la Quebrada del Toro y Valles Calchaquíes. En muchos casos se lograron acuerdos de partes entre criollos y comunidades originarias tanto en tierras privadas como fiscales, añadió.
Agregó que la labor en el territorio consiste en asesoramiento jurídico y/o mediación en casos judicializados, conformación de bases de datos, confección de planos de mensura, asistencia para la emisión y renovación de marca y señal, aporte de ayuda en forraje y desarrollo de proyectos productivos para comunidades originarias y familias criollas.
Se inició un registro provincial al cual se inscribieron 765 pequeños productores; se completaron 1.261 fichas de relevamiento validadas por GPS y 3.000 fichas de familias que fueron relevadas por la Sec. de Desarrollo Agropecuario.
En materia de asesoramiento jurídico se alcanzó a más de 450 familias de pequeños productores, de los cuales existían 45 casos judicializados, habiendo impulsado el primer acuerdo de tierras fiscales en el lote fiscal 21, que representará 6.000 hectáreas a entregar en conjunto a criollos y originarios; otro de 1.000 hectáreas en el lote fiscal 16 y un tercero de 21.000 hectáreas en el lote fiscal 20, todos en el Norte provincial.
También se intervino en dos acuerdos entre privados que serán homologados por la justicia en el lugar, representando 3.000 y 1750 hectáreas, que evitarán los desalojos definitivamente; más otros 4 acuerdos entre privados aún en etapa preparatoria.
Política de Estado
A su turno los legisladores se expresaron sobre el informe, resaltando el senador Calabró la decisión política de avanzar con una política de estado y sugiriendo la necesidad de establecer oficinas descentralizadas para acercar soluciones a los pequeños productores.
A su turno, el senador Wayar dijo que el trabajo de campo demanda la búsqueda de financiamiento nacional e internacional para poder ir a fondo en la idea de proteger y desarrollar a los pequeños productores y familias campesinas.
El senador Lapad aseguró que dar posibilidades a la gente que vive en el campo se logra a través de políticas de arraigo, porque de lo contrario se produce la migración hacia los grandes centros urbanos, donde muchas veces viven en peores condiciones que en sus lugares de origen.
En la misma línea, el senador Cruz se refirió al desarraigo de las comunidades y dijo que para la gente es enorme acceder a la propiedad de estos pequeños lotes.
El senador Nolasco hizo notar la necesidad de resolver problemas limítrofes con Jujuy en la región norte de La Poma y el senador Cari hizo hincapié en los proyectos para infraestructura hídrica.
Finalmente los secretarios aportaron las tareas que se efectúan desde cada dependencia, indicando Carrique la necesidad que la perspectiva género atraviese cada acción de gobierno, más en sectores como el de los pequeños productores donde la mujer está más invisibilizada. García Salado destacó la importancia del trabajo de mediación en la búsqueda de acuerdos; Gómez Almaraz dijo que la provincia está cumpliendo los pasos necesarios para la entrega de los lotes fiscales 55 y 14, de los cuales unas 400 mil hectáreas serán para las comunidades y 243 mil para criollos, siendo el próximo objetivo el lote fiscal 26; Carral recordó que a partir de la última prórroga de la Ley en 2021se trabaja el tema como una política de estado y no como coyuntura para atarle las manos a justicia y Patrón Costas expresó que en este primer año de trabajo la UEP construyó confianza, llegando con forraje a parajes recónditos y con la idea de comenzar a resolver problemas que son centenarios.
