El informe se centró en el estado actual del sistema carcelario provincial. Destaca hallazgos y recomendaciones para abordar problemas identificados. También subrayó las deficiencias en servicios médicos dentro del sistema penitenciario y los penales.

La Comisión de Derechos Humanos y Personas Mayores recibió al Comité Provincial para la Prevención de la Tortura (CPT) que presentó su Informe Anual 2024 sobre las condiciones carcelarias existentes en Salta. El documento, que funciona como un resumen del tercer período de gestión, denuncia sobrepoblación extrema e identifica acciones necesarias para una política institucional efectiva, enfocada principalmente en la seguridad humana integral e infraestructura destinada a población privada de su libertad.

Durante el encuentro que estuvo encabezado por la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Personas Mayores, diputada Laura Cartuccia, las autoridades del CPT subrayaron la importancia del trabajo interinstitucional para abordar una de las problemáticas más sensibles y complejas del sistema judicial y penitenciario.

Durante la exposición se explicó que el informe de gestión del CPT se centró en el estado actual del sistema carcelario provincial, destacando importantes hallazgos y recomendaciones para abordar las serias problemáticas identificadas, y así promover criterios coherentes y protocolos uniformizados dirigidos a prevenir situaciones críticas relacionadas con torturas o tratos crueles dentro del contexto penal.

El "Informe Anual 2024" revela una situación compleja en las comisarías y unidades penitenciarias, caracterizada por hacinamiento extremo y condiciones inadecuadas que atentan contra los derechos humanos. En este sentido, se explicó que actualmente hay unos 70 detenidos por cada comisaría, en espacios que no están diseñados para alojar a personas durante prolongados periodos. A pesar de que la población carcelaria se ha mantenido en niveles relativamente estables en los últimos tres años, el sistema sigue presentando problemas que requieren soluciones a corto y mediano plazo.

El CPT identificó un aumento preocupante en la presencia femenina dentro del sistema penitenciario; desde 2021, se ha observado un incremento del 24% en mujeres arrestadas o condenadas. Este aumento ha impactado especialmente a las instalaciones destinadas a mujeres. En cuanto a las cifras generales, se reporta que el 42% de los internos está concentrado en la Unidad Carcelaria N.º 1 en la capital salteña.

En su informe, el CPT también destacó medidas positivas como la inauguración reciente de un consultorio médico externo en Villa Las Rosas y pabellones dedicados al trabajo agrícola para mujeres. Sin embargo, enfatizó que estos avances son insuficientes frente a la sobrepoblación carcelarias (estimada en hasta un 300% en algunas instalaciones) e incapacidad operativa del personal.

Por otra parte, se mencionó un habeas corpus colectivo presentado ante la Corte Provincial como respuesta ante estas condiciones insalubres, violencia institucional y vulneraciones sistemáticas de derechos humanos. Este recurso legal es una medida excepcional para obtener respuestas urgentes del Estado y buscar una solución a la sobrepoblación, que según el Comité, es la principal causa de las violaciones de derechos humanos y obstaculiza la resocialización.

Ante la consulta de los diputados, se explicó que la agenda legislativa del Comité Provincial para la Prevención de la Tortura se orienta a fortalecer esfuerzos respecto a la salud mental dentro del sistema penitenciario. En este sentido, subrayaron que su labor no solo incluye centros penitenciarios convencionales sino también aquellos donde residen personas con trastornos mentales, por lo que es prioritario garantizar estándares internacionales dentro estos contextos.

El informe también subrayó las deficiencias en servicios médicos dentro del sistema penitenciario y los penales, lo cual ha llevado a trasladar internos a hospitales externos, generando complicaciones adicionales en su atención y cuidado.

En sintonía, destacaron que es de necesidad urgente reglamentar la Ley provincial N° 8.323 sobre procedimientos relativos a derechos humanos y salud mental, ya que la falta de reglamentación crea vacíos legales prolongados que podrían facilitar violaciones a los derechos humanos. Por lo tanto, impulsar esa regulación es fundamental para garantizar una atención digna y ajustada a los principios legislativos actuales.

Ante la consulta de los legisladores sobre los objetivos para el 2025, las autoridades del CPT detallaron las líneas de trabajo prioritarias, que incluyen: erradicar prácticas de tortura mediante medidas de prevención, promoción de investigaciones y sanciones en casos de malos tratos; modificación de la Ley del Servicio Penitenciario que busca la derogación de la Ley Nº 5.639 para reemplazarla por una normativa que se ajuste a los estándares internacionales de Derechos Humanos; y la creación de mesa de emergencia interpoderes, propuesta para abordar el hacinamiento en cárceles y comisarías.

Explicaron que para el próximo año es necesario apuntar a mejoras en infraestructura y condiciones, apuntando al traslado de personas condenadas a centros penitenciarios, el cierre de comisarías que no cumplan con los estándares mínimos, y la erradicación de los sectores de aislamiento, que causan problemas psicológicos.

En lo que respecta al acceso a la salud y educación, se plantea la necesidad de garantizar el acceso a la salud en tiempo y forma, y de realizar un diagnóstico integral sobre la educación en contextos de encierro. Así también, destacaron que es necesario actualizar y unificar normativas sobre visitas y requisas con una perspectiva de género y respeto a los derechos humanos.

Las autoridades de CTP mencionaron los progresos logrados en los últimos ocho meses, impulsados por una acción judicial relacionada con las condiciones en comisarías y dependencias policiales, destacando que se establecieron mesas interministeriales con la participación de diversas autoridades, incluida la Corte de Justicia.

Por otro lado, desde el Comité se explicó que enfrenta importantes desafíos relacionados con su sostenibilidad, remarcando sus limitaciones presupuestarias y carencia de equipos técnicos adecuados para llevar a cabo sus funciones. También, señalaron que es necesario que el próximo período el Comité cuente con los recursos necesarios y que se establezca un sistema de autarquía para que el organismo administre sus propios fondos conforme a lo establecido por ley.

En la reunión estuvieron presentes los diputados Laura Cartuccia, Pablo Gómez, José Gauffin, Fabio López y Sergio Oliva.

Además, estuvieron presentes Rodrigo Solá, presidente del Comité; Cristina Cobos, comisionada en representación de la Asociación de DDHH "Lucrecia Barquet"; y Andrés Giordamachi, comisionado en representación de la Cámara de Senadores de Salta.

Fuente: Prensa Senado de la provincia de Salta