Los legisladores sancionaron la iniciativa de la diputada Adriana Nieto, mientras que el proyecto del Ejecutivo Provincial para impulsar reformas que garanticen la imparcialidad del Tribunal de Cuentas, será analizado en comisiones.
Presidida por el vicepresidente 1° de la Cámara de Diputados, Javier Jara, debido a que el vicegobernador se encuentra a cargo del Ejecutivo Provincial, y con la presencia de 21 diputados (con la ausencia justificada del diputado Pedro Luxen), se desarrolló la 3° sesión ordinaria en el recinto de la Legislatura Provincial, en donde se trataron y aprobaron proyectos de relevancia que impactan en la vida cotidiana de los santacruceños.
En este contexto, los legisladores aprobaron por mayoría el proyecto de Ley N°499/24 presentado por la diputada Adriana Nieto (Por Santa Cruz) mediante el cual se crea la Ley de Mediación para la provincia de Santa Cruz, que promueve un método pacífico de resolución de conflictos incorporando la figura de los mediadores, moderniza el acceso a la justicia y descomprime el sistema judicial que actualmente se encuentra colapsado.
En este sentido, la autora de la iniciativa destacó que la sanción de esta Ley de Mediación «significa un gran avance en materia de modernización. Este sistema promueve el diálogo cara a cara, la empatía, el acercamiento entre las partes y la resolución de conflictos de una manera más amigable».
Por otra parte, ingresó el proyecto de Ley N°101/25 elevado por el Poder Ejecutivo Provincial para la creación de la Orgánica del Tribunal de Cuentas de la provincia de Santa Cruz, el cual pasó a las comisiones de Asuntos Constitucionales, Presupuesto y Legislación General; al igual que el proyecto de Ley N°100/25 de autoría de la diputada Adriana Nieto (Por Santa Cruz) de similar espíritu.
Vale destacar que tanto la iniciativa del Ejecutivo Provincial como la de la diputada Adriana Nieto promueven reformas estructurales en el órgano de control externo, tendientes a alcanzar una mayor transparencia y celeridad, garantizando la independencia y la imparcialidad en el control de la Administración Central y una mayor eficiencia en la gestión de los recursos públicos.
