Concejales, legisladores provinciales y nacionales advirtieron que la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad es una herramienta urgente y necesaria para garantizar derechos, sostener programas, y reforzar políticas públicas.
En un encuentro que reunió a concejales, diputados nacionales y provinciales, se abordó la crítica situación que enfrenta el colectivo de personas con discapacidad tras el veto presidencial de la Ley de Emergencia. La Mesa de Trabajo realizada en el Palacio Vasallo, sirvió como un espacio de consenso para reafirmar la importancia de esta legislación y la necesidad de proteger a los sectores más vulnerables.
Los participantes de la reunión coincidieron en que la defensa de esta ley es una cuestión de humanidad que supera las diferencias políticas. Se destacó que el veto no solo afecta a las familias que dependen de esta normativa, sino que también representa un problema institucional grave, al confrontar un poder del Estado con otro.
El documento de la Mesa de Trabajo
«En la ciudad de rosario, a los 11 días del mes de agosto de 2025, concejales/as de la la ciudad y legisladores provinciales y nacionales reunidos en el Concejo Municipal de Rosario, constituimos una Mesa de Trabajo ante el anuncio del presidente de la Nación, Javier Milei, de vetar la Ley que declara la Emergencia Nacional en Discapacidad. La iniciativa surge como resultado de la Jornada Pública en Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad realizada el pasado 27 de junio y donde participaron personas con discapacidad, familiares, profesionales del área y más de 50 organizaciones, fundaciones e instituciones vinculadas al sector.
La norma sancionada por el Congreso de la Nación constituye una herramienta urgente y necesaria para garantizar derechos, sostener programas, y reforzar políticas públicas esenciales destinadas a las personas con discapacidad y a sus familias.
Por todo lo expuesto:
1.Rechazamos enérgicamente el eventual veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad
2.Instamos al Poder Ejecutivo Nacional a promulgar y poner en vigencia inmediata la norma aprobada por amplia mayoría parlamentaria.
3.Convocamos a la continuidad y fortalecimiento de esta Mesa de Trabajo interjurisdiccional, a fin de coordinar iniciativas legislativas, articular con organizaciones de la sociedad civil y promover acciones concretas que garanticen el respeto y la ampliación de derechos de las personas con discapacidad.
Entendemos que el compromiso con las personas con discapacidad, sus familias, trabajadoras y trabajadores del sector, no puede ser una consigna ocasional sino una política de Estado sostenida en el tiempo, basada en la justicia social, la igualdad, la dignidad y la defensa de los Derechos Humanos.
