En vista de la evolución de la pandemia en todo el territorio provincial, el Senado de Salta aprobó en el transcurso de su última sesión la prórroga del estado de emergencia sanitaria por 180 días, a los fines de posibilitar al Poder Ejecutivo el uso de herramientas financieras para atender la situación. 
 
La Ley de prórroga sancionada incluyó además la ampliación del Comité Operativo de Emergencia y el establecimiento de un Régimen Excepcional Contravencional para la pandemia del virus SARS-CoV-2/COVID-19 por el cual se derogó la Ley 8191, que a su vez había sido originada por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 255.  
 
A su vez, la norma faculta al Poder Ejecutivo a prorrogar el estado de emergencia por otros seis meses una vez vencido el plazo, que comenzó a regir el 13 de septiembre. 
 
En lo referente a la ampliación del COE, se establece que, a la conformación original se incorporan dos representantes de cada Cámara del Poder Legislativo Provincial, uno por el oficialismo y uno por la oposición, respectivamente;  una autoridad del Poder Judicial, una del Ministerio Público; un representante del Consejo Económico Social y, en circunstancias particulares que así lo requieran, podrán participar referentes de otras instituciones vinculadas a la temática. 
 
Finalmente, el régimen excepcional contravencional establece la escala de sanciones a la transgresión de normas que se vayan dictando en el marco de la pandemia, las que se aplican a personas físicas y jurídicas; fijando como autoridad de aplicación a los Jueces de Garantías, que de este modo sustituyen a la autoridad policial como tales. 
 
Reclamo de prestación de Obras Sociales y Pami 
 
En la sesión, efectuada de manera remota, se aprobaron además sendos Proyectos de Declaración solicitando que los Legisladores Nacionales por la Provincia de Salta, arbitren los medios ante el Ministerio de Salud Pública de Nación y la Superintendencia de Salud de la Nación al objeto de que se fiscalice la actuación y prestaciones brindadas por las obras sociales, institutos, prepagas, mutuales, clínicas, hospitales y cualquier otro prestador de servicios de salud en todo el territorio de la provincia frente a la pandemia Sars-Cov-2/Covid-19; dando intervención, en el supuesto que pudiere corresponder, al Ministerio Publico Fiscal de la Nación  para permitir su inmediata judicialización y medidas cautelares en este sentido.  
 
Asimismo, les solicitan que hagan las gestiones pertinentes ante el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI), con el objeto de ampliar a mayor cantidad las clínicas y sanatorios con convenio en la provincia de Salta, para que atiendan a los afiliados de esa obra social, poniendo especial énfasis para que se contemple en todos los acuerdos respectivos la cobertura de prestaciones médico asistenciales adecuadas en relación a la enfermedad por virus COVID-19, en el marco de la emergencia sanitaria provincial y en el contexto de la pandemia de este virus.