Consiste en la prohibición sin previa autorización de quemas de pastizales o residuos en áreas rurales o urbanas, y la creación de un programa de concientización sobre el uso racional del agua.
La ley de regulación de quemas -aprobada en general y por unanimidad- apunta a prevenir incendios, daños ambientales y riesgos para la salud y la seguridad pública de toda la población. Prevé sanciones a quienes realicen quemas sin la debida autorización de la autoridad competente, requisito indispensable para poder realizar la práctica. Además. La autoridad de aplicación –que será definida por el Poder Ejecutivo- trabajará en forma coordinada con municipios para que estos puedan controlar, sancionar e inspeccionar las quemas al interior de sus ejidos.
Al actuar como miembro informante, el diputado Andrés Peressini (Siempre) informó que, en el año, se realizan unas 3000 quemas en toda la provincia que, por negligencia ciudadana, terminan en incendios que generan altos riegos y daños materiales, ambientales y sanitarios. Remarcó que la ley contempla una serie de requisitos a considerar para la aprobación de la quema –condiciones meteorológicas, del suelo, la flora y la fauna, entre otras especificaciones técnicas- y aseguró que, una vez implementada, permitirá disminuir considerablemente los riesgos de incendios fuera de control en todo el territorio.
En tanto, la ley que crea un programa provincial de concientización sobre el uso racional del agua, también sancionada en general y en forma unánime, busca minimizar los efectos producidos como consecuencia de la emergencia hídrica provincial. La Subsecretaría de Recursos Hídricos será la autoridad de aplicación que, entre otras acciones, deberá trabajar coordinadamente con el Comité de Alerta Hídrico-Ambiental y con los distintos municipios y comisiones de fomento, e incorporar, en el ámbito del Consejo Provincial de Educación, un programa de concientización y uso eficiente del agua.
El diputado Carlos Coggiola (PDC), impulsor de la medida, explicó que la norma refleja “la uniformidad de la Cámara para abordar un tema de importancia y urgencia” como lo es la sequía tras 13 años consecutivos de disminuciones en los caudales de agua de la provincia. En tal sentido, pidió que constituya “un puntapié inicial” para continuar abordando la temática en el parlamento, al tiempo que remarcó que el programa “es una convocatoria” a la ciudadanía, el gobierno y los actores privados para hacer un uso racional del agua para consumo domiciliario, industrial, empresarial y demás consumos.
A su turno, Lorena Abdala (MPN) indicó que la propuesta fue consensuada con una similar impulsada por su bloque político, y señaló que la racionalización del uso del agua debe tratarse como un cambio de hábito que trascienda la emergencia hídrica que atraviesa la provincia. Asimismo, dijo que, si bien existen spots en la materia difundidos desde distintos organismos públicos, “es necesario dar una continuidad como política pública” para garantizar el cuidado del recurso, y abogó por el trabajo coordinado entre municipios, provincia y Nación para afrontar la crisis hídrica.