El decreto aprobado establece que las empresas de intermediación electrónica de alimentos y el servicio de entrega mediante repartidores en vehículos, deban instalar puestos de espera acondicionados para que las personas puedan aguardar allí los pedidos.
Esta nueva regulación responde al crecimiento que ha tenido esta actividad en la economía en los últimos años, y se propone el control sanitario de los alimentos, la planificación territorial, el ordenamiento del tránsito, el control de la polución sonora y la interacción con la población en general.
Las referidas empresas de intermediación deberán contar con uno o más locales adecuados para la permanencia de las personas que realizan servicio de entrega o reparto a domicilio, cualquiera sea el vínculo jurídico que exista con ellos.
La zona de instalación de estos locales dependerá de la densidad promedio de repartidores vinculados a la actividad y deberán contar como mínimo con un área de estacionamiento, un área de comedor y servicio sanitario.
Además, las empresas estarán obligadas a entregar una declaración jurada sobre la cantidad de trabajadores con la que cuentan.
El decreto también prohíbe el uso de la calzada para la permanencia de más de tres personas que presten servicio de entrega, reparto, cadetería, traslado de alimentos o similares en vehículos.
De constatarse una reunión de más de tres repartidores en la vereda, la ausencia de un local acondicionado para que puedan esperar, o la omisión de una declaración jurada o actualización de la misma, la IM dispondrá de una serie de multas que van de las 5 a las 350 unidades reajustables.
La reincidencia en dichas infracciones traerá como consecuencia el incremento progresivo de estos montos, pudiendo incluso alcanzar la suspensión de actividades por un plazo determinado.
Las empresas deberán presentar ante la Intendencia de Montevideo el proyecto relativo al cumplimiento de este decreto dentro del plazo de 6 meses contados a partir de la fecha de aprobación de su reglamentación.
