La comisión interpoderes inició una nueva etapa de trabajo con participación de representantes de los tres poderes del Estado, universidades, colegios profesionales y organismos vinculados al fuero de familia.
La comisión interpoderes encargada de elaborar el nuevo Código Procesal de Familia de Neuquén inició una nueva etapa de trabajo con una reunión encabezada por la vicepresidenta primera de la Legislatura a cargo de la presidencia, Zulma Reina; el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Gustavo Mazieres; y el titular del cuerpo, Ernesto Novoa. Durante el encuentro se informó que el nuevo instrumento procesal deberá estar sancionado antes de octubre.
Reina destacó el carácter participativo del proceso y recordó la experiencia desarrollada durante la elaboración del Código Procesal Civil adversarial. Además, señaló que la jurista Aída Kemelmajer de Carlucci remitió un anteproyecto de 314 artículos que servirá de base para el análisis. En tanto, Mazieres valoró el trabajo conjunto realizado hasta el momento y sostuvo que el objetivo es contar con “un Código Procesal de Familia bien neuquino”. Por su parte, Novoa consideró que la iniciativa representa “el último tramo” del proceso de modernización de los códigos procesales impulsado por el gobernador Rolando Figueroa.
Durante la reunión, la diputada Cielubi Obreque explicó la metodología de trabajo prevista hasta la sanción de la norma y confirmó que la especialista Mariel Molina de Juan colaborará con la comisión. También participaron representantes del Poder Ejecutivo, del Ministerio Público de la Defensa, universidades, colegios profesionales, magistrados y fuerzas de seguridad, quienes coincidieron en la necesidad de que la futura normativa contemple las particularidades territoriales y sociales de la provincia.
Entre los aportes institucionales, la defensora general Vanina Merlo remarcó la importancia de incorporar una mirada territorial y articular el nuevo régimen con otras reformas en debate a nivel nacional. A su vez, representantes de la Asociación de Magistrados, de la Universidad Nacional del Comahue, del Colegio de Abogados y de la Policía provincial destacaron la necesidad de contar con una herramienta procesal específica, moderna y adaptada a las realidades locales, especialmente ante situaciones vinculadas a violencia familiar y niñez.
