Es para que integren en un registro único de establecimientos médicos especializados en el tratamiento de la afección.
La comisión de Desarrollo Humano y Social emitió despacho por unanimidad al proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo provincial que plantea la creación de una red provincial para la prevención del Accidente Cerebro Vascular (ACV).
La iniciativa propone crear una red de efectores sanitarios que se integren en un registro único de establecimientos médicos públicos y privados especializados en el tratamiento del ACV, al mismo tiempo que produzcan información oficial para el registro de casos en la provincia.
En este sentido, el presidente de la comisión, Javier Rivero (MPN), confirmó que en la actualidad el sistema de salud sólo cuenta con los datos de pacientes que fueron internados y dados de alta o por fallecimiento. Además, dijo que los efectores de salud tienen la información que reúne el sistema ANDES, una aplicación digital del sistema sanitario provincial, de personas que realizaron consultas ambulatorias.
Rivero explicó que la ley permitirá ampliar y unificar el registro de pacientes que han tenido un ACV ya que reunirá el diagnóstico, la internación, el tratamiento y el seguimiento luego del alta, articulando los datos de la historia clínica digitalizada tanto del subsector público como el privado.
La propuesta, además, alcanza a las obras sociales enmarcadas en las leyes nacionales 23.660 y 23.661, las entidades de medicina prepaga y todos aquellos que brinden servicios médico-asistenciales a sus afiliados, para la cobertura integral de los tratamientos. En este punto, Rivero dijo que no pueden obligar a las obras sociales nacionales a que realicen el 100% de cobertura integral a los requerimientos de los pacientes, por lo que se trabajara en un proyecto de comunicación que invite al Congreso de la Nación a adherir en este aspecto.
El proyecto de ley indica que la mejoría clínica de las personas que han tenido un ACV impacta directamente en los costos en la atención de los pacientes y sostiene, además, la necesidad de establecer políticas de educación y prevención mediante la difusión masiva de los factores de riesgo con el objetivo de educar a la población en general.