Aplicará a los/as agentes comprendidos en la Ley 643 que prestan servicios en las Unidades de Abordaje, Supervisión y Orientación de Personas en Conflicto con la Ley Penal del Ente de Políticas Socializadoras.
El plenario de las comisiones de Legislación Social, y Hacienda y Presupuesto emitió dictamen favorable por mayoría, fijando posición en el recinto por minoría, a la iniciativa del gobierno provincial por la cual se propicia regular ciertos beneficios para los/as agentes comprendidos en la Ley 643 que prestan servicios en las Unidades de Abordaje, Supervisión y Orientación de Personas en Conflicto con la Ley Penal del Ente de Políticas Socializadoras.
“La tarea de estos agentes es muy compleja, porque trabajan con personas que están en situación de pre-libertad, y tienen riesgo psicofísico y estrés. Por eso el proyecto, que se logró en las paritarias sectoriales, trae beneficios como el adicional por riesgo físico (10%), por tareas específicas (20%), por función (60%) y se otorgan licencias especiales”, explicó el diputado Martín Balsa.
Más adelante, en Plenario de Asuntos Constitucionales, Legislación y Hacienda y Presupuesto, se trató el proyecto del Poder Judicial por el que se crea la Rama Profesional y Técnica en ese ámbito.
Según la fundamentación de la iniciativa, firmada por las y los integrantes del Superior Tribunal de Justicia, “los profesionales y técnicos que ingresan al Poder Judicial lo hacen en la rama Administrativa. Sin embargo, las funciones que realizan poseen una dinámica propia y demandan exigencias específicas que justifican su diferenciación de las otras ramas del escalafón. Por eso es necesaria la creación de una rama Profesional y Técnica”.
Las y los diputados realizaron una invitación al sindicato de Judiciales y a técnicos y profesional del Poder Judicial para seguir debatiendo esta iniciativa la semana próxima.
Por último, en comisión de Legislación Social, se sacó despacho favorable por unanimidad al proyecto por el que solicitan a los Legisladores Nacionales por La Pampa el pronto tratamiento del Proyecto de Ley referido a Regulación del Ejercicio de la actividad de Acompañantes Terapéuticos.
De igual forma se resolvió la iniciativa por la que le piden a diputados nacionales que realicen las gestiones a fin de que nuestro país ratifique el Convenio Marco para el Control del Tabaco.
Peticiones
En reunió de la comisión de Peticiones, se trataron tres pliegos por los que se solicita que la abogada Vanesa Silvana Ortiz cubra el cargo de titular en la Defensoría Adjunta en lo Penal de la I Circunscripción Judicial; Ana Laura Ruffini la de titular en el Juzgado de Control de la II Circunscripción Judicial, y Pablo Andrés de Biasi el de Titular en el Juzgado Contravencional de la I Circunscripción Judicial. En todos los casos las y los legisladores emitieron dictamen favorable por mayoría, y otro, fijando posición en el recinto por minoría.
Vanesa Silvana Ortiz ingresó al Poder Judicial en el año 2010. Previamente realizó una pasantía por cuatro años cumpliendo funciones en la Seccional Primera. “En lo que tiene que ver con el cargo me siento segura para ejercerlo, especialmente por haber tratado con víctimas durante 11 años en el fuero penal. Creo que estoy totalmente capacitada y formada”, dijo en su exposición la abogada.
La diputada Agustina García, del bloque UCR, le consultó sobre qué tipo de causas son las más frecuentes dentro de la Defensoría y que falencias cree que tiene la Justicia.
“Los delitos más recurrentes tienen que ver con violencia de género y abuso sexual. No sé si han aumentado los casos o si se trata de que la víctima hoy cuenta con, por ejemplo, la Unidad Funcional. Hay un trato diferenciado que antes no existía. La intervención del Estado hoy en día le da más posibilidades a la víctima”, respondió Ortiz frente a legisladoras y legisladores.
A su vez, se le consultó cuáles cree que son las necesidades que padece la Justicia provincial.
“Creo que el recurso humano es fundamental. Es importante poder visualizar la dinámica de cada lugar. La multiplicidad de labores que derivan en un único funcionario hace que no se pueda cumplir de forma efectiva todas las funciones. Un defensor que se ocupa de la asistencia a la víctima implica tener un contacto real. Implica, también, un real compromiso como patrocinante y hoy no es posible por la cantidad de labores en audiencias”, sostuvo la abogada.
La letrada, que aclaró que no es afiliada a ningún partido político, a pedido del diputado por Propuesta Federal, Martín Ardohain, opinión respecto a la condición penitenciaria en la provincia, diciendo que “hay muchísimas personas en la alcaidía y comisarías. Organismos han detectado problemas de infraestructura y de alojamiento. En este punto, creo que el convenio con San Luis es una herramienta que vino a traer una solución. Es fundamental que la persona condenada cumpla su condena en un servicio penitenciario”.
Ana Laura Ruffini se recibió en la Universidad de Córdoba en el año 2000. En 2010 rindió el cargo para fiscal. Desde el año 2015 trabaja en la fiscalía de Género de la ciudad de General Pico. “Es una temática que requiere de mucha convicción y mucho esfuerzo. En causas relacionadas a violencia de género una no puede cerrar la puerta de la oficina irse a su casa y decir acá no pasó nada”, expresó la abogada.
Respecto a las herramientas que necesita la Justicia para ser más eficiente dijo “en mi área, hoy contamos con muchos organismos que se encargan de acompañar las víctimas. Desde el año 2012 se creó una comisión de políticas de género que tuvo una impronta muy positiva. Creo que las oficinas judiciales también están muy bien armadas y tienen muy buen funcionamiento. En la segunda Circunscripción se puede ver que hay muchas audiencias y hay un muy une nivel estadístico en cuanto gestión”, manifestó Ruffini.
Una vez más, la diputada Sandra Fonseca del bloque Comunidad Organizada, cuestionó la ley de sustitutos.
Pablo Andrés De Biassi se recibió de abogado en el año 1995. Ejerce en el Poder Judicial desde hace 22 años y resaltó “la importancia que tiene la función del Juzgado Contravencional para la convivencia social y pacífica entre los vecinos. Es un complemento necesario”.
Al opinar sobre los tiempos de resolución de las faltas contravencionales, dijo que “la resolución de casos hoy en día se están cumpliendo en tiempo y forma”, respondió de Biasi. Y agregó: “En este sentido fue muy positivo el cambio del código en 2019”.
También se le preguntó qué causas contravencionales son las más frecuentes y dijo “son las que tienen que ver con la escolarización de los niños, también las de molestias y hostigamiento. Muchas veces hay ilícitos que no llegan a ser penales. Por ejemplo, los agravios que reciben las docentes en las aulas”, indicó el abogado en la Sala de Pensamiento de la Legislatura.
