Se establece la obligación de detallar en los comprobantes fiscales tales como facturas, tickets, y similares, la alícuota sobre los Ingresos Brutos correspondiente a la actividad del sujeto emisor de los sujetos pasivos.
La comisión de Hacienda y Presupuesto, que preside Jorge López, dio despacho favorable a un proyecto de Gustavo Perret y Guillermo Mosso, por el cual la provincia adhiere al Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor establecido en el Título VII de la Ley Nacional 27.74, de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes.
Se trata de dos iniciativas en sentido similar que fueron acumuladas y que tienen que ver con la exposición de los tributos provinciales en los comprobantes fiscales.
De hecho, se establece la obligación de detallar en los comprobantes fiscales tales como facturas, tickets, y similares, la alícuota sobre los Ingresos Brutos correspondiente a la actividad del sujeto emisor de los sujetos pasivos.
La autoridad de aplicación será la Administración Tributaria Mendoza, que tendrá a su cargo la supervisión y control del cumplimiento del Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor en todo el territorio provincial.
Asimismo, dispone que esta normativa entrará en vigencia el 1° de enero de 2025, en concordancia con lo dispuesto por la Ley Nacional, e invita a los municipios a adherir.
La sanción de la Ley nacional “representa un hito en la búsqueda de mayor transparencia y concienciación fiscal. Esta Ley aprobada el 28 de junio de 2024, tiene como objetivo principal que los ciudadanos conozcan los tributos que pagan en cada compra de bienes o servicios. Este enfoque responde a una creciente demanda social de mayor transparencia, como lo demuestra el respaldo de más de 50.000 firmas en la plataforma Change.org y encuestas como las de la consultora Poliarquía, que indican que el 94% de la población desea tener claridad sobre los impuestos que paga al consumir”, indica la fundamentación.
Nuevo Régimen
Este Régimen instituye dos cuestiones:
-Por un lado, elimina la prohibición de discriminar el IVA a consumidores finales y obliga a hacerlo. Todo ello teniendo en cuenta que el art 39° de la Ley 23.349 de Impuesto al Valor Agregado, establecía en su Título VI sobre Operaciones con consumidores finales, que “Cuando un responsable inscripto realice ventas, locaciones o prestaciones de servicios gravadas a consumidores finales, no deberá discriminar en la factura o documento equivalente el gravamen que recae sobre la operación”, siendo pasible de sanciones a quienes lo hicieran.
-Por otro, la obligación de informar precios netos y montos de impuestos en publicación de precios y en comprobantes de venta. La Ley nacional estipula que las ventas y operaciones a consumidores finales “deberán indicar, en la publicación de los precios de los respectivos bienes o prestaciones, el importe final que deba abonar el consumidor final. Además, deberán indicar el importe neto sin la incidencia del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y de los demás impuestos nacionales indirectos que incidan en los precios, el cual deberá estar acompañado de la leyenda “PRECIO SIN IMPUESTOS”. De igual forma, establece que “Las facturas o tickets o comprobantes fiscales “….deberán detallar el importe discriminado del Impuesto al Valor Agregado y de los demás impuestos nacionales indirectos…”.
La adhesión de la provincia “se alinea con el compromiso de promover una gestión pública transparente, permitiendo a los mendocinos estar informados sobre cómo los tributos afectan sus decisiones de consumo. Y se enmarca en la política de responsabilidad fiscal que viene desarrollando el Poder Ejecutivo provincial desde 2015, con orden en las cuentas públicas, superávit fiscal, disminución progresiva de alícuotas impositivas”, señala Mosso.
En tanto, Perret afirma que es, “en definitiva, un paso firme en la construcción de un Estado más transparente, más cercano al ciudadano, y más comprometido con una gestión pública responsable. Es demostrar con hechos que creemos en una ciudadanía informada, en una democracia fiscal activa y en una Mendoza que pone al contribuyente en el centro de sus decisiones”.
