La Ley Municipal Autonómica de Transición, aprobada por mayoría del Concejo, establece la obligación del alcalde saliente de entregar información completa y verificable a las autoridades electas.
Con el fin del periodo 2021-2026 a la vista, esta Ley asegura la continuidad de la gestión pública, la rendición de cuentas y la estabilidad fiscal de la ciudad, eliminando la dependencia de la «voluntad política» del Ejecutivo de turno para lograr un traspaso de poder sin improvisaciones ni vacíos de información.
La concejala proyectista, Yelka Maric Palenque, justificó esta medida, subrayando que el proyecto nace de una «necesidad real y urgente» para superar las limitaciones estructurales de la información pública actual. «Hoy en día, la información que encontramos en portales públicos y reportes institucionales es insuficiente, desorganizada y, en muchos casos, incompleta, lo que dificulta la fiscalización y la continuidad de la gestión pública», afirmó.
La nueva normativa responde al mandato constitucional de transparencia y a las obligaciones de la Ley SAFCO (Sistemas de Administración y Financiera Control Operativo) y la Ley N° 482, estableciendo plazos y responsabilidades claras para la entrega integral de datos que abarcan el adeudo real, el avance físico de proyectos, compromisos contractuales, la situación del personal y los riesgos legales. «Esta ley no es un instrumento político, sino una herramienta técnica que fortalece la gobernanza municipal, asegurando que ninguna gestión pueda ocultar, manipular o fragmentar información pública», concluyó la concejala.
La ley exige que se entregue información completa de los cinco años de gestión, con un plazo límite, utilizando un inventario y un acta formal. Esto incluye a todas las unidades del Ejecutivo Municipal y sus empresas descentralizadas. El informe debe ser detallado, incluyendo Estados Financieros auditados, un análisis exhaustivo de la deuda (tanto administrativa como de largo plazo), una base de datos certificada de recursos humanos y un informe completo sobre los procesos judiciales en curso y sus riesgos legales. Al requerir un Informe de Cierre de Gestión Financiera detallado, la norma refuerza el papel de supervisión preventiva del Concejo. De esta manera, La Paz asegura que cada nueva gestión edil comience su mandato con un diagnóstico claro y verificable, protegiendo así el patrimonio institucional y la sostenibilidad de las políticas públicas en beneficio de todos los ciudadanos.
