El tema fue abordado durante la reunión que las comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales de ambas Cámaras mantuvieron con referentes de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Cuyo.

Encabezados por la decana de la casa de altos estudios, Esther Lucía Sánchez, los profesionales Juan Víctor Diblasi y Juan Carlos García Ojeda, expusieron sobre este punto incluido en el proyecto de reforma y que forma parte también del ciclo de conferencias realizado por la UNCuyo en torno a este debate.

“Para nosotros, como Universidad, es un honor y es importante que nos hayan permitido en este espacio hacer los aportes que hemos trabajado en este ciclo de conferencias. La Universidad tiene el deber de trabajar con todo lo que es innovación y en ese sentido, analizarlo desde el punto de vista académico, poder ponerlo sobre la mesa, poder debatirlo”, dijo Sánchez.

La decana, ponderó “que existan estas instancias de diálogo, de reflexión, porque la propuesta de reforma de la Constitución elevada por el gobierno, es un desafío como sociedad y en este sentido, la Universidad tiene la obligación de hacer estos aportes”.

Durante el desarrollo del encuentro, García Ojeda puso en relieve cuatro principios rectores a la hora de hablar de equilibrio fiscal, entre ellos, la automaticidad en la remisión de fondos y la creación de un organismo fiscal de participación municipal, “que tendría a su cargo la fiscalización del sistema provincial de participación de recursos”, para que sea “representativa e igualitaria”.

Dijo al respecto que “es muy importante destacar la idea o concepto de que el derecho, la política, la economía, sin gestión, se vuelven simplemente instancias estériles. Por eso estamos planteando estos principios”.

“Creemos que se debe establecer la posibilidad de asignaciones específicas de recursos participables. Incluirlo como principio rector. La idea de fondo, es que todos los fondos que fluyan desde la recaudación se hagan en función de previsibilidad y automaticidad. Todo a través del sistema de participación y no por transferencias de recursos desde el nivel superior de gobierno al inferior, saboteando la posibilidad de que el sistema realmente funcione o incentive”, expresó.

En esa línea, destacó la importancia de “incluir en la Constitución principios rectores que le den estructuras de funcionamiento”, tales como definir equidad y solidaridad y el concepto de equilibrio fiscal, “plantearlo en el sentido de totalidad de ingresos incluyendo el endeudamiento respecto de totalidad de erogaciones. Esto es importante distinguirlo del plano nacional, el Estado federal puede no verlo de esta manera porque tiene otros instrumentos que no tiene la provincia de Mendoza, concretamente, la emisión monetaria”.

Puntualizó que al incorporar ciertos principios hay que adecuar la Ley 8127 – de coparticipación provincial de impuestos – y, respecto del organismo fiscal que plantea, que “administraría el sistema en sí mismo, porque lo va a planificar, controlar. En ese caso, se deberá establecer cuál es el criterio de representatividad. Pero hay muchos modelos a seguir, como el de la Comisión Federal de Impuestos”.

Por su parte, Diblasi explicó que hay desequilibrios verticales y horizontales. Los primeros, en cuanto a la relación provincia – municipios, mientras que los segundos, relacionados con “la situación relativa de cada uno” de los municipios. Éstos, según detalló, se miden por ejemplo, por población, el PBG per cápita – cuánto se produce o cuánto se asigna de producción en un ejercicio por habitante, por municipio -, y qué porcentaje de la población hay sin cobertura de salud”, entre otros muchos factores.

Estos ejemplos, dan cuenta que “hay desequilibrios de jurisdicción provincia – municipios y el de todos los municipios, que es el horizontal”.

Para Diblasi, “esta situación nos lleva a hacer previsiones, a los efectos de plasmar esos principios en acciones efectivas. El régimen actual de distribución de recursos de la provincia es el que nació con la ley 6396, luego con la 8127, que es un régimen transitorio, lo que nos da  a pensar que puede ser mejorable”.

“Este régimen es mejorable a la luz de que podemos pensar a futuro, de no hablar ya sólo de masa coparticipable sino definir cuáles van a ser los tributos provinciales que van a formar parte de la masa coparticipable.  Tal vez esto no esté en el texto de la reforma constitucional pero al momento de elaborar los cambios a la 8127, tendrían que tenerse presente”.

Luego, dijo, está “la distribución primaria. En la provincia se puede pensar en que ceda un poco de su masa coparticipable a favor de los municipios, es decir, ampliar la distribución primaria”, y en cuanto a la distribución secundaria, “se podría pensar en un fondo anticíclico municipal y otro específico para atender desequilibrios puntuales de algunos municipios”.

No obstante, indicó que llegado esos casos, habría que “diseñar un sistema de transición a los efectos de atender desequilibrios puntuales de algunos municipios que estén en una mala situación respecto a las finanzas públicas”.

En ese contexto, afirmó el “corazón” de este esquema es “guiarnos por indicadores objetivos, que todos los que participamos como ciudadanos podamos acceder, saber, que sean claros, dinámicos, que se modifiquen con el tiempo porque la situación de los municipios desde hace 20 años ha cambiado y tiene que haber una dinámica en la información para adecuar la situación de los municipios en general y de cada uno en particular. También que sea transparente, que todos puedan consultarlo. Algunos ejemplos, qué cantidad de población se  puede atender por cada agente municipal; autofinanciamiento corriente, ver cómo va el gasto diario o mensual de los municipios y tratar de premiar a quienes hagan un ahorro corriente, e incorporar la visión de sostenibilidad”.

En resumen, expresó Diblasi, “pensar en la masa coparticipable, atender los desequilibrios, pensar en indicadores objetivos, dinámicos y transparentes, el fondo anticíclico, que ya existe pero podría vincularse al régimen de participación, y este fondo de desequilibrio financiero que podría unirse a este régimen de transición”.

Finalmente, Juan Carlos García se refirió al equilibrio corriente, señalando que hay que “intentar que el funcionamiento del nivel de gobierno local sea autosostenido. Ahí sí estamos hablando por sobre la línea: ingresos corrientes - los que no importan recursos que planteen o nuevo endeudamiento o la venta de riqueza -, solamente lo que recibe para cubrir su funcionamiento y en las erogaciones, plantear el gasto operativo, de funcionamiento, no la inversión. Ahí hay que poner el acento de déficit operativo cero o superávit”.

Todo ello, pensando “a largo plazo, de acá a cien años, por eso la idea de incluir también el desarrollo sostenible”, acotó.

El encuentro estuvo presidido por los titulares de las comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales de Senado, Marcelo Rubio (UCR), y de Diputados, Jorge Difonso (FR-UP).