El organismo inició una investigación tras la denuncia presentada por servidores públicos del Concejo Municipal y exhortó a restablecer el funcionamiento del órgano deliberante, cuya paralización mantiene demorados más de 10 mil trámites ciudadanos desde mayo.
La Defensoría del Pueblo inició una investigación en torno a la denuncia presentada por servidores públicos del Concejo Municipal de La Paz, con el objetivo de analizar la situación institucional que atraviesa el órgano deliberante.
Durante una reunión realizada en el pleno del Concejo Municipal, el organismo defensor instó a restablecer el normal funcionamiento de la institución, al advertir que la actual paralización ha generado la acumulación de más de 10 mil trámites ciudadanos pendientes desde el mes de mayo.
Del encuentro participaron los concejales del bloque Innovación Humana, Juan Carlos Machicado, Miriam Aguilar y Ángela Calabi, junto a concejales del bloque mayoritario. En la reunión, los representantes expusieron los fundamentos que sostienen la legalidad de la actual Directiva del Concejo y detallaron las consecuencias institucionales y administrativas derivadas de la crisis que afecta al cuerpo legislativo.
La intervención de la Defensoría del Pueblo busca contribuir a la resolución del conflicto y garantizar el normal funcionamiento del Concejo Municipal, en resguardo de los derechos de la ciudadanía y de la continuidad de la gestión legislativa local.
