Durante la sesión también asumió un nuevo legislador, se aprobó una declaración sobre un proyecto de reforma del Código Penal y se analizaron los principales indicadores de la ejecución presupuestaria provincial.

La Cámara de Diputados aprobó la Cuenta General de Inversión correspondiente al Ejercicio Financiero 2025, documento que refleja el grado de ejecución del presupuesto provincial y el cumplimiento de las previsiones económicas del período fiscal. La decisión fue adoptada durante la 13.ª sesión ordinaria, presidida por la vicepresidenta primera a cargo de la Presidencia de la Legislatura, Zulma Reina.
En la misma sesión, el cuerpo tomó juramento a César Parra, quien asumió como diputado en representación del PTS-FIT-U en reemplazo de Andrés Blanco, tras la aceptación de su renuncia.

Durante el tratamiento de la Cuenta General de Inversión se expusieron los principales indicadores de la ejecución presupuestaria. Entre ellos, se destacó que los ingresos superaron las previsiones iniciales, mientras que el incremento de los gastos estuvo influido por el impacto de la inflación sobre las actualizaciones salariales del sector público.

Asimismo, se informó un superávit financiero que permitió destinar recursos a obras públicas y a la amortización de deuda, junto con una reducción del stock de endeudamiento provincial.

El proyecto obtuvo el respaldo de los bloques Comunidad, MPN, PRO-NCN, Fuerza Libertaria, Juntos, Avanzar y Neuquén Federal, mientras que fue rechazado por PTS-FIT-U, FIT-U, Unión por la Patria y Democracia Neuquén.

Durante la jornada también fue aprobada una declaración que expresa el rechazo de la Cámara al tratamiento, en el Congreso de la Nación, de un proyecto que propone modificar el artículo 245 del Código Penal para incrementar las penas por denuncias falsas en causas de violencia de género, delitos contra niños, niñas y adolescentes y delitos contra la integridad sexual.

En el debate parlamentario se expusieron distintas posiciones sobre la iniciativa nacional. Quienes respaldaron la declaración sostuvieron que el aumento de las penas podría desalentar las denuncias de las víctimas, mientras que otros legisladores plantearon la necesidad de fortalecer las sanciones para toda falsa denuncia que perjudique a personas inocentes.