El Poder Ejecutivo busca adaptar los criterios de remuneración de penitenciarios que ocupan cargos directivos, a la estructura de lo dispuesto por la nueva Ley Orgánica del Servicio Penitenciario.
El proyecto, en sus fundamentos, hace referencia precisamente a la vigencia de las leyes 9569 – Orgánica del Servicio Penitenciario – y 9565 - Dirección de Promoción y Control de Liberados – y que por tanto, lo que se propone es una adaptación a estas normativas “que optimiza la estructura organizativa del sistema, lo que no solamente mejorará el ambiente laboral y la motivación del personal, sino que también permitirá una mayor eficiencia en el cumplimiento de sus funciones”.
De igual manera, expresa que “esta nueva distribución de responsabilidades mayores, no solo optimiza la estructura organizativa del sistema, sino que también lo hace sin generar costos adicionales. De hecho, el rediseño implementado permite un ahorro financiero, logrando una asignación más eficiente de los recursos”.
Estas innovaciones no representan una carga presupuestaria adicional para la provincia. Además, sostiene el texto que “se busca fortalecer las motivaciones del personal y garantizar una gestión basada en la eficiencia y el respeto de los Derechos Humanos, contribuyendo positivamente en la seguridad pública”.
Al respecto, el primer artículo del proyecto de Ley dispone sustituir el artículo 183 bis, del Capítulo I, Título VII, de la Ley 7493 sobre “Régimen de Remuneraciones y Compensaciones Económicas, disponiendo que “el Adicional por Mayor Responsabilidad Penitenciaria se abonará al personal penitenciario que ostente grado de oficial jefe u oficial superior de cualquier escalafón, y al personal penitenciario designado como Encargado General del Servicio que cumplan en forma normal, habitual y permanente, funciones de conducción de acuerdo a la Ley Orgánica del Servicio Penitenciario Provincial y sus modificaciones”, conforme a una escala porcentual establecida para cada cargo de mando.
Por otra parte, el segundo artículo hace referencia a los retirados que son convocados, que cobran el 50% de lo que percibirían en actividad y que ocupando lugares de conducción, por la Ley vigente no podían cobrar ese ítem.
En ese sentido, la propuesta consiste en sustituir el artículo 211 del Capítulo V, del Título VIII, de la Ley 7493, sobre “Asignaciones Especiales y Convocatoria”, indicando que “el personal convocado percibirá solamente como remuneración: además del haber de retiro permanente, la mitad de la asignación de clase perteneciente al grado que ostentaba al momento del retiro y la totalidad de los adicionales y suplementos de prestación efectiva correspondientes al personal en actividad y/o a la función de conducción que se le asigne”.
Debate
Jorge López (UCR) expresó que este proyecto tiene como origen la sanción de la ley 9569, Ley Orgánica del Servicio Penitenciario, “donde se llevaron adelante reformas en el manejo del recurso humano en la penitenciaria, que específicamente tenían que ver con la optimización del recurso humano en función de aquellas tareas transversales a las distintas unidades penitenciarias con las que cuenta la provincia. Recordemos que existen actualmente 26 unidades”.
Explicó en esa línea que “en la Ley Nº 7493, que es una Ley que establece los ítems y adicionales de prestación efectiva del sistema penitenciario, se establece el adicional por responsabilidad penitenciaria, el cual se está abonando actualmente. Teniendo en cuanta que la estructura orgánica ha sido modificado, es necesario que este adicional responda a esta nueva estructura orgánica”.
Al respecto agregó que “es preciso aclarar que esto no es un aumento salarial, sino que es adaptar estos artículos a efectos que aquellas personas que cumplan efectivamente con la responsabilidad penitenciaria de conducción a su cargo, puedan cobrar este adicional y no caer en la injusticia que existan personas que cumplen con esta tarea y no puedan cobrarlo debido a que no están actualizados los alcances del artículo de mayor responsabilidad penitenciaria”.
Otro de los aspectos que destacó, es el artículo que tiene que ver con el personal convocado, “para que aquellos convocados que cobran el haber jubilatorio, puedan cobrar además del cincuenta por ciento de la remuneración que tenían al momento de la baja oportuna, puedan cobrar los ítem de prestación efectiva”.
Enrique Thomas (Unión PRO) resaltó por su parte, las inversiones realizadas por la provincia en materia de complejos penitenciarios. “Como sabemos, de cuatro complejos penitenciarios que teníamos en el pasado, hoy tenemos cinco complejos de alojamiento, catorce unidades penitenciarias, nueve centro de alojamiento y nueve alcaidías, lo que demuestra una fuerte apuesta a enriquecer el sistema penitenciario, que ha servido de modelo a otras provincias, y ha sido reconocido a nivel nacional”, subrayó.
Asimismo opinó que “esto requiere de una readecuación” normativa que se adapte a las últimas leyes sancionadas en esta Legislatura, “que es lo que estamos tratando hoy. Por ejemplo hoy, la persona que tiene a cargo la dirección principal no cobra el adicional por responsabilidad, por ser generada el área en la nueva Ley Orgánica, como el caso de otras direcciones”.
En tanto, José Luis Ramón (CxC) indicó a su turno que “no se puede negar que con este proyecto habrá una mejora salarial, y siempre que eso sucede mejoramos las condiciones de vida de los trabajadores. Pero solo favorece a los penitenciarios con más jerarquías, hay una desigualdad que puede generar un malestar muy grande en la fuerza”.
Añadió por otra parte, que “hablar de sistema de seguridad de la provincia es discutir una reforma de todo el sistema del personal que cumple funciones en el sistema carcelario”, tras lo cual anticipó que el voto afirmativo en general, por parte de todo el interbloque del PJ, negativo el primer artículo y afirmativo el segundo.
Gabriela Lizana (FRLN) se manifestó también en esa línea, indicando que son “parches” de solución pero que constituye una “herramienta que se pueda utilizar para mejorar la desastrosa situación en la que se encuentra el personal de seguridad”.
De la misma manera Emanuel Fugazzoto (PV) sostuvo que “es complejo cuando hay que discutir de escalafones y salarios, porque los ítems que se discuten acá benefician a la cúpula de penitenciarios. Hay que permitir la sindicalización de las fuerzas de seguridad que permitiría una discusión entre estos trabajadores y la patronal”. En este sentido afirmó que “no nos oponemos a un aumento salarial pero si nos oponemos a la brecha que existe”, por lo que su voto fue positivo en general y el artículo segundo, y negativo el primero.
Seguidamente, la diputada Cintia Gómez (PRO), adelantó el acompañamiento a la iniciativa y subrayó que “es difícil tomar decisiones que tienen que ver con las fuerzas de seguridad”. Agregó que “no podemos oponernos claramente a esta actualización de ítems que también merecen los que están en cargos jerárquicos en el sistema penitenciario. Estamos de acuerdo porque sabemos que también los jerárquicos están cobrando sueldos magros con un montón de responsabilidades”.
