La Cámara aprobó por ley la creación de un fondo de estabilización y desarrollo compuesto por el excedente de regalías mensuales derivado de la exportación hidrocarburífera y gasífera. El Fondo le permitirá a la provincia contar con recursos específicos para afrontar futuras crisis y situaciones no previstas que requieran de disponibilidad de recursos, así como también la posibilidad de fomentar el desarrollo y apuntar a la diversificación productiva mediante la concreción de obras de conectividad, ciencia, turismo, producción primaria y energías limpias, entre otras industrias.

La ley llegó al recinto luego de varios meses de debate abierto al público, que contó con la participación de reconocidos especialistas, economistas y referentes políticos, técnicos y académicos. Las propuestas para la creación de esta herramienta fiscal fueron presentadas por el gobernador Omar Gutiérrez y por los bloques Siempre, JC y FdT. Estos últimos dos bloques presentaron dos propuestas distintas cada uno.

La norma fue aprobada por mayoría con 23 votos positivos, aportados por el MPN, Siempre, FRIN, FNN, UP, Juntos, JC, y Mariano Mansilla y Teresa Rioseco del FdT. En contra se expresaron desde los bloques PDC, PTS-FIT, el diputado Bertoldi y las diputadas Parrilli, Salaburu y Gutiérrez del FdT.

Al actuar como miembro informante, la diputada del MPN, Liliana Murisi, remarcó que el Fondo se compondrá de recursos excedentes provenientes de las exportaciones de gas y petróleo, calculados a partir de una fórmula asociada a las regalías de la industria. Aseguró que no se comprometen recursos actuales que requieran la provincia y los municipios y destacó que los subfondos que lo componen constituyen una herramienta fiscal para hacer frente a distintas situaciones de emergencia, así como también la posibilidad de fomentar el desarrollo y apuntar a la diversificación productiva.

El Fondo “es una decisión de gobierno” que implica “reconocer el compromiso con las próximas generaciones” para aprovechar las riquezas finitas del subsuelo de la provincia, dijo la legisladora. Sobre el uso de los recursos, la diputada del MPN recalcó que sólo podrán ser utilizados bajo determinadas circunstancias y condiciones, a partir de la inclusión en la letra de la ley de “todo tipo de cláusulas que garantizan la transparencia” para su utilización.

En efecto, la ley determina que se podrá acceder al Fondo bajo tres escenarios posibles. Uno de ellos será cuando el ejecutado de los recursos sea inferior en un 10% al presupuestado y el monto máximo de recursos a utilizar se corresponderá con la porción proyectada de recursos pero no ingresada a las arcas del tesoro. En caso de que durante un mismo año se necesiten más de dos desembolsos del Fondo, el Ejecutivo deberá contar con aval previo del Poder Legislativo. El segundo escenario que prevé la ley para acceder a los recursos del Fondo será cuando se advierta una reducción interanual de los ingresos por este tipo de regalías en términos reales, en función de la variable inflacionaria. En este caso, el Ejecutivo podrá incluir en el proyecto de presupuesto la previsión de compensaciones de los menores ingresos reales presupuestados y bajo esos términos se podrá incluir un artículo que autorice y fije un monto máximo anual del Fondo a utilizar. Por último, el Poder Ejecutivo podrá hacer uso de los recursos cuando la Legislatura declare una situación de desastre o emergencia sanitaria. Deberá indicar el monto al que desea acceder y necesitará el aval de la mayoría absoluta del cuerpo. Estos recursos se destinarán exclusivamente a atender las necesidades específicas derivadas de la situación declarada.

En tanto, desde JC, la diputada Leticia Esteves señaló que el Fondo no solucionará todos los problemas de la provincia pero constituye una herramienta más que debe ser usada con austeridad para que aporte “estabilidad y previsibilidad”. Su par de bloque, César Gass, resaltó el debate previo al que convocó la presidencia de la Legislatura, argumentando que dotó de “seriedad y notoriedad” al tratamiento de los diferentes proyectos. Asimismo, sostuvo que “al Fondo le falta un poco de audacia” y en ese sentido, aunque aclaró que acompaña “sin quejas”, lamentó que no contemple la incorporación de recursos provenientes de las regalías hidroeléctricas y que no se equilibren “las cargas” en el Consejo de Administración, según mencionó.

A su turno, la diputada María Laura Bonotti (Siempre) manifestó que la norma representa “la ley más importante del año” y destacó que el Fondo tiene reglas claras en relación a la utilización del dinero que en la coyuntura “contribuiría a disipar los temores que muchos profesan en torno a la sustentabilidad de la deuda pública”. 

Desde el bloque FdT, Mariano Mansilla, argumentó que la ley evidencia que los dirigentes políticos “estamos aprendiendo” de las consecuencias de la pandemia y pensando en herramientas de ahorro para el futuro. Destacó que la ley “no es cerrada” y en ese sentido no descartó que más adelante se agreguen oras fuentes de recursos para ampliar su alcance.

Lorena Parrilli, también del FdT, fundamentó su voto negativo al opinar que la integración del fondo resulta “confusa”, al tiempo que objetó la falta de definición de contextos en los cuales se va a utilizar. Señaló que “el subfondo de desarrollo quedo como un apéndice con escasa claridad” y dijo no estar de acuerdo con la figura de quien lo ejecuta ya que aseguró que la herramienta “es un fondo del gobierno y no del pueblo”.

Al hablar, el legislador Andrés Blanco (PTS-FIT) rechazó la creación del Fondo al que calificó que “medida de ahorro” en un contexto de “deterioro social” con elevados índices de desocupación y miles de familias sin vivienda. Cuestionó que la base de proyección de los recursos que compondrán el Fondo se calcula desde un presupuesto deficitario y “austero”, y denunció que los recursos naturales de la provincia sean explotados por empresas extranjeras. 

Por su parte, el diputado Carlos Coggiola (PDC) se refirió a la ley como “una espada de Damócles”. Cuestionó el marco jurídico del Fondo en tanto, según consideró, colisiona con los artículos 99° y 150° de la Constitución Provincial y al respecto de éste último argumentó que no están incluidos los municipios. “Sólo se los invita a sancionar con su propios recursos una norma parecida” dijo.