La Cámara aprobó la comunicación 183 para requerir a la Secretaría de Energía de la Nación que ordene la puesta en marcha de programas de uso  del agua a todas las generadoras que operan los aprovechamientos hidroeléctricos emplazados en los ríos Limay y Neuquén. El pedido busca que se implementen medidas urgentes para limitar la demanda de energía eléctrica ante la baja en los niveles de agua en los embalses ubicados en la cuenca neuquina, en el marco de la Emergencia Hídrica declarada por el gobierno provincial ante la reducción de los cauces de dichos cursos. A la vez, en la sesión de ayer por la tarde y esta madrugada, el cuerpo sancionó la ley 3301, que aprueba la solicitud por parte del Poder Judicial de un 30% de aumento para su personal por lo que resta del año.

La comunicación sobre el uso racional del agua por parte de hidroeléctricas en la región fue aprobada por mayoría. Apunta a fijar un límite a la demanda energética  ante la sequía que afecta los ríos, al tiempo que se expresa a favor de que se garantice, en forma previa a la finalización de los contratos de las concesiones hidroeléctricas (en el año 2023), la administración de los recursos hídricos por parte de las provincias ribereñas, “con el fin de permitir su aprovechamiento integral, evitar el uso abusivo de los cuerpos de agua e impedir perjuicios a los habitantes”.

Al respecto, el diputado Mariano Mansilla (FT) dijo que la situación deriva no sólo de muchos años consecutivos de sequías sino también del vaciamiento por parte de las centrales hidroeléctricas operadas fuera de la provincia. Aseguró que la declaración de la Emergencia Hídrica por parte de la AIC fue la más importante desde su creación y bregó por la recuperación de la administración de las hidroeléctricas “porque los neuquinos somos los verdaderos propietarios”.   

A su turno, el diputado César Gass (JC) votó a favor pero pidió el tratamiento de un proyecto de su autoría que solicita que la provincia administre las represas una vez finalizados los contratos de concesión dentro de dos años.

En contra votó el diputado Darío Peralta (FT) quien consideró inoportuno y contradictorio que la comunicación se dirija a la Secretaria de Energía “cuando el manejo del agua corresponde a la AIC y son ellos los que deben propiciar el uso racional del agua”.

En este sentido, desde el MPN, Lorena Abdala explicó que hay una concesión, que se vence dentro de dos años, que "está en manos de la Secretaría de Energía de la Nación". "Por eso es que esta comunicación va dirigida hacia quien tiene la relación hoy con las hidroeléctricas”, sostuvo. 

En tanto, desde el FIT, Patricia Jure cuestionó que no se controle con mayores exigencias las operaciones de las hidroeléctricas que producen energía a partir de la cuenca neuquina “y en cambio se señala el consumo humano y se lo busca reducir”. Por su parte, Andrés Blanco (PTS-FIT) se refirió el calentamiento global, el cambio climático, la quema de humedales y el fracking como las causas de la actual crisis hídrica. 

Por otra parte, los diputados y las diputadas aprobaron la ley 3301 que contempla un 30% de aumento salarial, en forma escalonada hasta fin de año para el personal del Poder Judicial de la provincia. La norma fue aprobada por unanimidad. Sin embargo, hubo reparos desde el Frente de Todos en cuanto a la necesidad de revisar la ley de autarquía financiera para evitar que el Ejecutivo continúe brindándole recursos al Judicial bajo el concepto de “contribuciones figurativas”. Las bancas del PTS-FIT y FIT, votaron a favor en tanto se trata de un acuerdo con la planta trabajadora, pero cuestionaron los elevados salarios que alcanzarán magistrados y funcionarios de dicho Poder. 

Asimismo, el cuerpo prestó acuerdo legislativo para designar a Mariana Carolina Biassi como defensora pública civil con destino a la Defensoría Pública Civil 1, con asiento de funciones en Chos Malal. El pliego fue aprobado con 29 votos positivos.