Se trata del organismo que regula las normas de conducta en el ejercicio de la función pública “en busca del responsable, honesto, justo, digno y transparente desempeño.
El auditor general de Ética Pública, Gabriel Balsells Miró, presentó la pauta presupuestaria prevista para el próximo año ante las comisiones de Hacienda de ambas Cámaras. Este órgano de control extrapoder, contará en 2026 con poco más de 130 millones de pesos.
Ética Pública regula las normas de conducta en el ejercicio de la función pública “en busca del responsable, honesto, justo, digno y transparente desempeño. Aplica un enfoque sistémico e integrado de la Ética y la Transparencia para generar sus acciones en torno a la totalidad de las formas y acciones derivadas del accionar de las distintas jurisdicciones estatales, y las instituciones públicas no estatales y privadas que se articulan con los Estados provincial y municipales”, destacó el funcionario.
Este organismo, cuenta con tres áreas de trabajo: la Dirección de Registro e Informática, la Dirección de Investigaciones Administrativas y la Subdirección de Acceso a la Información Pública. A su cargo, tienen 7271 sujetos obligados empadronados, de los cuales 1924 corresponden al Poder Ejecutivo; 130 al Poder Legislativo: 1820 al Poder Judicial; 1067 a Municipalidades; 282 a gremios y sindicatos; 73 a organismos de control, y 1975 a funcionarios con mandato cumplido.
Además, hay 83 encargados de padrón; 81 informantes sumariales; 1260 fichas limpias, y 423 proveedores.
Para el 2026, entre los objetivos que se propones se encuentran la “actualización de los Sistemas de Carga y sus motores de búsqueda, con el objetivo de lograr una interfaz más eficiente, amigable y precisa para quien deba operarlo como usuario; y que otorgue nuevos recursos de trazabilidad y control de la información tanto por parte de la Auditoría como en su uso social”.
En cuanto a la Dirección de Investigaciones Administrativas, que en 2025 emitió 1140 dictámenes, las metas para el año entrante están vinculadas a campañas de divulgación, estándares de actuación y la participación en la Convención Interamericana de Lucha contra la corrupción.
Por su parte, la Subdirección de Acceso a la Información Pública, este año recibió 824 pedidos de información, con una tasa efectiva de respuesta del 90% y del 96% en plazo legal.
Por otra parte, Balsells Miró indicó que hay 16 municipios adheridos a la Ley, no obstante, aunque Lavalle no está adherida, si cuenta con una norma específica. El único municipio que renunció a su adhesión, es Maipú.
“Con los municipios hemos trabajado muy bien, sobre todo con las páginas web para que cumplan con los principios de transparencia”, dijo el funcionario.
Respecto de los Concejos Deliberantes adheridos, suman un total de 8: Capital, Guaymallén, Las Heras, Rivadavia, La Paz, Luján de Cuyo, Tupungato y Malargüe.
En líneas generales, las metas previstas para 2026 giran en torno al sostenimiento del Plan de Capacitación permanente, a partir de las nuevas gestiones Provinciales y Municipales, que implica cambio de Funcionarios Garantes; incrementar el grado de adhesión específica de Concejos Deliberantes; incorporar software específico para la generación de contenidos que responda a condiciones de accesibilidad, y fortalecer y sistematizar las instancias de Auditoría sobre transparencia activa.
Asimismo, indicó como necesario unificar plazos en toda la Administración Pública: “Cuando modificamos la 9003, tratamos de unificar todos los plazos de la Administración Pública, para hacer las cosas más fácil a los justiciables. Si cada municipio tiene sus propios plazos, le amargamos la vida a la gente. Tiene que ser más fácil, hacer un trabajo más político de ver cómo acordar con todos los municipios”. De igual forma, sugirió reformas a la legislación vigente en torno a “la posibilidad de que el reclamante funde sus recursos”.
