Prevé la posibilidad de solicitar una medida cautelar urgente ante la Justicia, con resolución en un plazo de hasta seis horas. Entre las acciones contempladas, el juez podrá ordenar la eliminación del contenido, su desindexación y la preservación de pruebas.
La iniciativa obtuvo dictamen favorable en la Comisión de Legislación General y propone un mecanismo cautelar ágil para intervenir ante casos de difamación, violencia digital y publicaciones falsas en redes sociales.
La Comisión de Legislación General de la Legislatura avanzó en el tratamiento de un proyecto de ley que incorpora un mecanismo judicial específico dentro del Código Procesal Penal de Tucumán para resguardar el honor, la imagen y la reputación de las personas frente a situaciones de violencia digital, calumnias e injurias difundidas en redes sociales.
La iniciativa prevé la posibilidad de solicitar una medida cautelar urgente ante la Justicia, con resolución en un plazo de hasta seis horas. Entre las acciones contempladas, el juez podrá ordenar la eliminación del contenido, su desindexación y la preservación de pruebas digitales para eventuales acciones judiciales posteriores.
El presidente de la comisión, Gerónimo Vargas Aignasse, señaló que el proyecto busca dar respuesta a los efectos que generan las publicaciones virales y el uso de nuevas tecnologías sobre la vida privada de las personas. “Hoy las redes sociales, potenciadas por la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías, muchas veces funcionan como ‘paredones de fusilamiento’, donde contenidos virales pueden destruir la reputación de una persona en muy poco tiempo”, expresó.
El texto incorpora además una cláusula que excluye expresamente de este mecanismo a funcionarios públicos de los tres poderes del Estado, organismos descentralizados y entes autárquicos, con el objetivo de evitar restricciones a la libertad de expresión y garantizar el derecho a la crítica pública. Según explicó el legislador, la propuesta apunta a proteger a ciudadanos particulares sin afectar el debate político ni el control social sobre la gestión pública.
Durante el encuentro también participaron los legisladores José Macome, Christian Rodríguez, Carolina Vargas Aignasse y Sara Assan.
