La normativa contiene la adjudicación de la licitación pública para tal concesión, y por otro lado se ratifica precisamente el contrato de concesión a la empresa Tecnologías y Servicios Ambientales S.A.
El Decreto en cuestión fue remitido a la Legislatura en virtud de lo dispuesto por la Ley 5507, que dispone que se requerirá la ratificación legislativa del contrato, cuando se trate de una concesión de obras y servicios públicos existentes.
Cabe señalar, además, que en los considerandos, se señala que la Ley 7168 estableció que “la recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los residuos patogénicos y farmacéuticos revisten el carácter de servicio público, el cual deberá ser prestado por el Estado, por sí o por terceros”.
Jorge López (UCR) titular de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, indicó que es un decreto que contempla la adjudicación en concesión de un servicio público de la provincia de Mendoza, de Recolección, Transporte, Tratamiento y Disposición Final de los residuos patogénicos.
“En el proceso de adjudicación se obtuvo una sola propuesta, la cual fue evaluada por la comisión de preadjudicación que estuvo integrada por representantes de la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial, del Ministerio de Salud y de la Secretaría de Servicios Públicos; esta comisión evaluó la propuesta, llegando a un total 89,25 puntos. Es preciso aclarar que el criterio en el pliego, establecía un piso de 70 puntos para lograr la adjudicación”, afirmó López.
Asimismo subrayó que la Comisión de Hacienda y Presupuesto hoy se reunió para analizar este decreto, el contrato y sus alcances, reunión donde “se tuvo la posibilidad de acceder a información relacionada a la oferta realizada por la empresa que estamos evaluando en esta concesión, y el informe que realizó Fiscalía de Estado quien analiza desde el punto de vista legal y técnico y los alcances que dieron lugar a esta adjudicación, y para tranquilidad de los que estamos en este recinto este informe es favorable, en el mismo se avala el proceso que se ha llevado adelante para la adjudicación”.
Por otra parte, expresó que “como novedad al sistema que actualmente funciona, este contrato de concesión establece una tarifa base, que será la tarifa con la cual inicialmente este servicio se dará, y se establece un criterio de actualización semestral incluyendo en una polinómica cinco aspectos que van a influir en el costo del servicio como mano de obra, gastos relacionados a la recolección, combustible, gastos operativos, insumos, aspectos que semestralmente se tendrán en cuenta para autorizar o no luego de la correspondiente audiencia pública, los valores tarifarios, no solamente para el sector público sino también el sector privado”.
A su turno, el diputado Jorge Difonso (LUM), indicó que “tal como lo ha manifestado el presidente de la comisión de Hacienda, venimos discutiendo este expediente hace algunas semanas”, y detalló que “seguimos en la línea de abstenernos, en virtud de que este tipo de expedientes tiene dos tipos de ofertas respecto de las evaluaciones técnicas, que no hemos detectado una objeción puntual, pero sí respecto de la evaluación de la oferta financiera y económica”.
El diputado solicitó el permiso para la abstención de su voto, moción que fue aprobada por el Cuerpo, al igual que el mismo pedido que realizaron las diputadas Stella Huczak (JxL-LUM), Laura Balsells Miró (JxL-LUM), Rolando Scanio (LUM), Cintia Gómez (JxL-LUM), Jimena Cogo (JxL-LUM) y Janina Ortiz (LUM).
Por su parte, el diputado Emanuel Fugazzotto (PV), manifestó que a las opiniones del miembro informante hay que agregarle que la “empresa que ha venido llevando adelante las tareas, lo ha hecho con una gran inversión al momento de hacer la planta que finalmente se encarga de tratar estos residuos que, como todos sabemos, no son de fácil manejo y tienen un alto impacto ambiental”.
Agregó que “la ratificación llega a este Cuerpo con los plazos apretados para dar una discusión mayor” y que “teniendo en cuenta que los dictámenes técnicos y sectoriales están en condiciones, lo único que a nosotros nos queda es seguir marcando que este tipo de empresas también deben ser sujetas al acceso a la información pública”; consideró que ello es “un avance en la transparencia e institucionalidad”.
Reseñó, finalmente, que como “no se puede dejar al sistema de salud sin la recolección de los residuos, vamos a acompañar la iniciativa entendiendo que es una cuestión de responsabilidad”.
