La Cámara de Diputados dio sanción final al proyecto Semilla, una iniciativa del Poder Ejecutivo orientada a regular la coexistencia entre distintos cultivos agrícolas y a resguardar la calidad genética de las semillas que se producen en Mendoza.
La propuesta avanza en la consolidación de un marco normativo moderno que aporta previsibilidad al sector productivo y protege una actividad estratégica para la provincia.
Esta Ley, establece como objetivo central regular la coexistencia entre distintos cultivos agrícolas, a fin de garantizar la calidad genética de las semillas que se produzcan en la Provincia, evitando la contaminación genética en la producción semillera, promoviendo condiciones claras entre productores y estableciendo mecanismos para resguardar la producción de semillas de alta calidad.
En ese sentido, se designa al Instituto de Sanidad y Calidad Agropecuaria Mendoza (ISCAMEN) como autoridad de aplicación y se crea la obligación de inscribir los lotes y establecimientos destinados a la producción, multiplicación o comercialización de semillas en el Registro de Uso de la Tierra (RUT), consignando información georreferenciada de ubicación, especie, variedad, cantidad de hectáreas destinadas al fin de producción de semillas, fechas estimadas de siembra y floración. Esta información será utilizada por la autoridad de aplicación para poder identificar y controlar las parcelas.
Asimismo, la iniciativa prevé mecanismos de programación, control y mitigación para prevenir conflictos entre zonas de producción, facultando a la autoridad de aplicación a recomendar medidas complementarias como barreras físicas, cortinas vegetales o desfases temporales de siembra. El proyecto incorpora un régimen de sanciones ante incumplimientos, establece la responsabilidad objetiva por daños derivados de la contaminación genética y promueve la coordinación interjurisdiccional con otras provincias. Finalmente, se dispone que el Poder Ejecutivo reglamente la ley dentro de los sesenta días de su promulgación, asegurando su efectiva implementación.
Debate
Durante el tratamiento del proyecto, la diputada de la UCR María Eugenia De Marchi destacó que la iniciativa “busca regular la coexistencia entre distintos cultivos agrícolas en la provincia de Mendoza, a fin de garantizar la calidad genética de las semillas que se produzcan, evitando la contaminación genética y promoviendo mecanismos para resguardar la producción de semillas de alta calidad”. En ese sentido, remarcó la necesidad de “normalizar el cultivo de semillas, ya sean líneas puras, híbridas, certificadas o genéticamente modificadas, mediante el cumplimiento de protocolos técnicos destinados a preservar la integridad genética del material semillero”.
Por otra parte, explicó que “el Registro Único de Tierras está instrumentado en nuestra provincia y es obligatorio para todos los productores agrícolas. Permite identificar y caracterizar los establecimientos agroproductivos y su superficie cultivada, y es una herramienta estratégica para la planificación, el monitoreo y la gestión del uso agrícola del suelo”, subrayando además que el sistema “se actualiza anualmente y hoy es sumamente ágil, ya que se realiza de forma digital”.
Otro de los puntos centrales de la ley es la incorporación de un régimen de responsabilidad objetiva. Sobre este aspecto, la legisladora radical señaló que “será responsable del daño causado por contaminación genética el productor que introduzca o mantenga un cultivo que genere un riesgo comprobado sobre los lotes registrados”, y aclaró que este criterio no vulnera derechos adquiridos, ya que “ningún derecho individual puede ejercerse de manera tal que comprometa el interés colectivo ni el derecho a un ambiente sano”.
Desde el bloque La Unión Mendocina, la diputada Jimena Cogo expresó el acompañamiento al proyecto que ya contaba con media sanción del Senado, al considerar que “resulta una propuesta atractiva para la provincia porque diversifica el perfil productivo”. En ese marco, destacó que la ley aporta “un marco regulatorio claro para la producción, multiplicación, acondicionamiento, comercialización y control de semillas”, y que además promueve “una conciencia semillera que fortalece el perfil productivo de Mendoza frente a otras regiones del país y del exterior”.
Cogo valoró los aportes técnicos realizados durante el debate legislativo y señaló que la norma “impulsa la producción local, la generación de valor agregado, fortalece y protege sanitariamente a la provincia y permite alcanzar una trazabilidad clave para acceder a los mercados internacionales”. Asimismo, consideró importante que, tras la promulgación de la ley, se avance en la oficialización de laboratorios en la provincia para agilizar los procesos de certificación y reducir costos para los productores. Finalmente, pidió que en la reglamentación “se respeten las particularidades de los oasis productivos y la identidad territorial de cada región, en coherencia con la Ley Provincial 8.051 de Ordenamiento Territorial”.
Por su parte, el diputado José Luis Ramón, del bloque Consumidores y Ciudadanos, enmarcó el debate en la discusión histórica sobre la ley de semillas a nivel nacional y advirtió sobre los riesgos de la concentración económica en el sector. Señaló que la problemática “no es solo la trazabilidad de las semillas, sino la concentración de la producción y comercialización en manos de muy pocas empresas a nivel mundial”, lo que puede derivar en impactos negativos sobre los pequeños y medianos productores, el ambiente y la sostenibilidad del sistema productivo.
Ramón recordó debates previos en el Congreso de la Nación y remarcó la necesidad de actuar con cautela ante los intereses económicos en juego, al tiempo que valoró que la norma sancionada en Mendoza permita una mayor diversificación productiva. En ese sentido, sostuvo que el desafío es “evitar monopolios legales que terminen afectando a los productores locales”, especialmente a los de menor escala, y garantizar que la regulación proteja el interés colectivo, el ambiente y la sustentabilidad a largo plazo.
